Diez mujeres fueron asesinadas tras ser acusadas de brujería en Papúa Nueva Guinea, un empobrecido país con altas tasas de analfabetismo donde anidan las supersticiones, informan este viernes los medios locales.
La Policía confirmó que otras cinco féminas fueron rescatadas de milagro con vida y que fueron enviadas a un hospital de emergencia para ser tratadas de las heridas causadas por las torturas a las que fueron sometidas, publica un diario local.
El suceso tuvo lugar el viernes en la provincia de Enga, en una región montañosa del norte del país, tras el fallecimiento de un empresario local. Los familiares del difunto acorralaron a las 15 mujeres a quienes acusaron de practicar la brujería para causar la muerte del empresario, las «desnudaron y torturaron con barras de hierro caliente», relató al medio el comandante en funciones de Enga, George Kakas.
La Policía investiga esta brutal agresión contra las mujeres e intenta identificar a los torturadores y asesinos para formular cargos criminales en su contra, agregó el rotativo.
Papúa Nueva Guinea, un país rico en recursos naturales pero donde la mayor parte de sus 8,8 millones de pobladores viven en situación de pobreza, son frecuentes los ataques contra personas acusadas de practicar brujería o «sanguma», como se conoce en el país.
Papúa derogó en 2013 la Ley de Brujería, vigente desde 1971, que prohibía practicar «magia negra o hechizos para causar daño» y permitía ajusticiar a las personas acusadas de brujería con mano propia.
Organizaciones garantes de los derechos humanos apuntan a que en muchos casos las mujeres son acusadas de brujería para enmascarar la violencia machista a la que son sometidas.
El Parlamento papuano aprobó ese mismo año varias enmiendas al Código Criminal para que la pena de muerte se aplique para sancionar los asesinatos, las violaciones agravadas o en grupos, o contra menores de 10 años.
Hasta entonces, la pena capital en Papúa Nueva Guinea, en donde las creencias en la magia negra y la brujería están muy arraigadas, estaba vigente para casos de traición, piratería y asesinato premeditado, pero no se ha aplicado desde 1954. Agencias