Entre mayo y diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió 180 casos de renuncias de autoridades subnacionales mujeres, especialmente concejalas. De ese total, se estableció que 30 de ellas se alejaron de sus cargos porque sufrieron acoso y violencia política.
En el país, la Ley 243, Contra el Acoso y Violencia Política Hacia Las Mujeres, está vigente desde el 28 de mayo de 2012. Fue inspirada por el asesinato de Juana Quispe, concejala del municipio Ancoraimes (La Paz), ocurrido en marzo de 2012, por negarse a renunciar a su cargo.
En el Órgano Electoral llamó la atención que, en siete meses de gestión de los gobiernos subnacionales, los tribunales departamentales reportaron 180 casos de renuncias de autoridades electas mujeres.
La vocal del TSE Dina Chuquimia explicó que cada una de las autoridades que sufrieron de acoso y de violencia política pasaron por un análisis jurídico, social y psicológico.
En al menos 30 de estos casos, registrados entre mayo y diciembre del año pasado, constatamos que las dimisiones se debieron a presiones políticas, y cuando esto se verificó pasaron al procedimiento de inicio de una denuncia por acoso y violencia política en el que se acusa al colega de trabajo, al concejal suplente, que ejerció la violencia que derivó en que la autoridad electa decida hacerse a un lado”, señaló la vocal electoral.
Este problema fue abordado el miércoles en una cumbre nacional organizada por el Órgano Electoral, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El antecedente principal es que la Ley 243 está a un mes de cumplir 10 años y en ese tiempo hay una sola sentencia por acoso político a mujeres.
La Fiscalía General del Estado, en el cruce de los datos, confirmó que en la gestión 2021 se registraron 34 casos de acoso político contra mujeres. De esos, 7 fueron en Cochabamba, 6 en Santa Cruz y La Paz. En Beni y Potosí hubo 5; 2 en Chuquisaca, 2 en Oruro y 1 en Tarija. Solo Pando no tuvo casos. Agencias