La noche del 21 de agosto de 1971, hace 49 años, todo estaba consumado. El entonces coronel Hugo Banzer Suárez tomaba por asalto el poder y ponía fin a una etapa de inestabilidad política que se había abierto el 27 de abril de 1969, cuando el entonces presidente René Barrientos Ortuño murió en Arque en extrañas circunstancias cuando su helicóptero cayó a tierra.
Lo sucedió constitucionalmente su vicepresidente, Luis Adolfo Siles Salinas, un abogado con profundas convicciones democráticas, quien dirigió la redacción del texto constitucional que con algunas modificaciones se mantuvo en vigencia entre 1967 y 2009, pero que estuvo al frente de un gobierno débil acechado por la ambición de militares quienes ambicionaban recibir el tratamiento de Su Excelencia, que se daba por entonces a los presidentes.
Así, fue derrocado el 26 de septiembre de 1969, cuando los bolivianos asistían estremecidos a la tragedia de Viloco, en la que murieron más de 70 personas, entre quienes estaban los integrantes del primer equipo de fútbol profesional del club The Strongest.
Ovando se rodeó de uniformados de extrema derecha, como Luis Arce Gómez, y civiles progresistas como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Mariano Baptista Gumucio o Alberto Bailey Gutiérrez, entre otros, con quienes formó su gabinete ministerial, lo que no fue bien visto por el sector “duro” de las Fuerzas Armadas.
Así el 4 de octubre de 1970, con los generales Rogelio Miranda Valdivia, compadre y amigo de Ovando, se alzó en armas contra el mandatario de facto y logró imponer a los generales Efraín Guachalla Ibáñez y Fernando Sattori Ribera, además del contraalmirante Alberto Albarracín Crespo en un triunvirato presidencial que duró apenas un día, pues con apoyo de sectores laborales y la Central Obrera Boliviana (COB), el general Juan José Torres Gonzales se atrincheró en la Base Aérea de El Alto, desde donde se dirigió al Palacio Quemado para asumir el mando del país.
Torres inició un ciclo presidencial progresista y de izquierda el 7 de octubre de 1970, que se inauguró con la entrega y sepelio de los restos de los combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), inmolados en Teoponte, y que tuvo su punto más álgido cuando en mayo de 1971 se instaló la Asamblea del Pueblo, una especie de parlamento compuesto por organizaciones sindicales y sociales que cumplió algunas sesiones, bajo la conducción de Juan Lechín Oquendo y Óscar Eid Franco, entre otros, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados y que fue calificado como el “primer sóviet boliviano”.
Los sóviets fueron asambleas de obreros, soldados y campesinos que se formaron para luchar contra el régimen zarista en la antigua Rusia y emitir leyes de alcance local.
Torres además nacionalizó Mina Matilde, a la sazón el principal productor mundial de zinc, que era explotada por la estadounidense South American Players, mientras el Gobierno reponía los salarios recortados a los mineros en 1965 para aplicar un plan para reactivar la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) planteado por expertos de Estados Unidos.
Esos hechos causaron la reacción de los sectores conservadores, que alertaron de un peligro “castrocomunista” que se cernía sobre Bolivia y comenzó la conspiración contra Torres.
El mayor Humberto Cayoja Riart fue visto por el ministro de Gobierno, Jorge Gallardo Lozada, como la cabeza visible del golpe que comenzó a gestarse mucho antes del 19 de agosto de 1971, cuando estalló en Santa Cruz de la Sierra.
Pronto casi todas las unidades militares se plegaron al movimiento insurreccional. Torres quedó aislado y con el único apoyo del Batallón de Escolta Presidencial que comandaba el entonces mayor Rubén Sánchez Valdivia.
Este oficial, cuando ostentaba el grado de teniente, fue uno de los primeros uniformados capturados por el Che Guevara, cuando en marzo de 1967, se iniciaba la guerrilla del sudeste boliviano, y quedó profundamente impresionado por el mensaje y la actitud de los combatientes irregulares, a grado tal que comenzó a simpatizar con las corrientes ideológicas de izquierda.
Durante dos días de combates entre los golpistas y grupos de avanzada social que defendían al Gobierno de Torres, hubo gran derramamiento de sangre, pero quedaba claro que los militares, mejor entrenados y equipados, tenían las de ganar.
No solo ello, sino que los dos viejos y odiados enemigos de los años de la Revolución Nacional, el Movimiento Nacionalista Revolucionario y la Falange Socialista Boliviana se aliaron con los golpistas para dar base social al movimiento insurreccional, que triunfó esa noche. Militares, movimientistas y falangistas formaron el Frente Popular Nacionalista (FPN), que gobernaría por tres años.
Esa alianza “falango-gorila-movimientista”, como la definió aquella noche Torres en su último mensaje como presidente a través de radio Illimani, tomó el poder y comenzó una etapa de represión política implacable contra los sectores populares.
En un juego interno de poder entre los golpistas, no fue el mayor Cayoja Riart quien asumió la presidencia, sino el coronel Hugo Banzer Suárez, a la sazón de 45 años, quien inicio un régimen caracterizado por la persecución política y un auge económico basado principalmente en las excelentes cotizaciones del estaño, mineral del que Bolivia era uno de los principales productores mundiales, aunque nunca se industrializó en el país y se vendía los lingotes refinados al 99 por ciento de pureza en la planta de la hoy desaparecida Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), en Vinto.
Estados Unidos era el principal comprador de este metal, estratégico por entonces, para la fabricación de armamento bélico. Washington estableció entonces la General Service Administration (GSA o Administración General de Servicios), que almacenaba grandes volúmenes de este mineral y los sacaba al mercado internacional cuando se precisaba una caída en la cotización del estaño.
Durante los siete años del periodo banzerista, hubo varios hechos especiales. En octubre de 1971, se devaluó la moneda nacional de 12 a 20,40 pesos bolivianos por dólar y se aplicaron a continuación los llamados paquetes económicos, que consistían en elevaciones constantes de los productos de primera necesidad y de la canasta familiar, mientras sueldos y salarios se mantenían constantes, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo.
La situación de los sectores populares era complicada y entre el 28 y el 29 de enero de 1974, campesinos del Valle Alto de Cochabamba bloquearon la carretera a la altura de Epizana y Tolata. Banzer envió al Ejército que abrió fuego contra los movilizados. Nunca se sabrá cuántos agricultores fueron asesinados en aquella masacre.
Solo se recuerda el discurso del dictador a los pocos días: “si encuentran a un comunista, mátenlo, yo me hago responsable”.
El 9 de noviembre de aquel mismo año, Banzer Suárez rompió la alianza militar con el MNR y FSB, disolvió el FPN, exilió a sus jefes nacionales, Víctor Paz Estenssoro y Mario Gutiérrez Gutiérrez, proscribió a los partidos políticos y a los sindicatos, que pasaron a ser dirigidos por “coordinadores laborales” designados por el Gobierno.
Comenzó la construcción de la autopista La Paz-El Alto, que al ser entregada en noviembre de 1978 fue considerada la más cara del mundo, pues costó más de un millón de dólares por kilómetro. La corrupción fue un signo distintivo de aquella dictadura.
Sin embargo, vientos de cambio comenzaron a soplar desde el norte tras la elección del demócrata Jimmy Carter en la presidencia de Estados Unidos, tras ocho años de gobiernos republicanos conducidos por el ultraconservador Richard Nixon y su sucesor Gerald Ford.
Apoyado por su consejero en temas de seguridad nacional, Zbigniew Brzezinski, se comenzó a hablar de que en Sudamérica debía implantarse un modelo de democracia controlada para evitar el avance de los ideales socialistas impulsados, cada uno con diferentes matices ideológicos, por la Unión Soviética, Cuba, China y, en menor medida, Albania, los cuatro centros de irradiación de sus interpretaciones del marxismo.
Por ello, a la presión social interna para volver al cauce democrático, se sumó la presión internacional y en 1977, Banzer debió convocar a elecciones generales, aunque con participación muy restringida, con exiliados y sin presencia de fuerzas populares.
Una huelga de hambre encabezada por cuatro esposas de mineros iniciada el 28 de diciembre de 1977 logró que la dictadura admita la participación general en los comicios y el 21 de julio de 1978, tras un escandaloso fraude, Juan Pereda Asbun, otro general considerado el heredero de Banzer Suárez fue fiel a la tradición militar de traicionar a su amigo, jefe y benefactor para asaltar el poder.
La democracia aún habría de esperar cuatro largos y dolorosos años para consolidarse en Bolivia. Agencias
