La pasada jornada la máxima autoridad del municipio presentó su renuncia durante una conferencia de prensa, José María Leyes dejó su cargo a disposición, indicó que su familia sufrió abusos, persecución y maltrato.
La autoridad edil asumió el cargo a sus 38 años, el 1 de junio de 2015, de la mano de alianza política “Demócrata Social”. Cuando su gestión estaba a la mitad empezaron los procesos por presuntas irregularidades.
El 2018 se apertura una denuncia por 6 delitos contra José María Leyes. La concejal Rocío Molina, denuncia ante la Fiscalía al edil porque la Asociación Accidental “26 de Febrero” se anticipó a la compra de mochilas chinas en una licitación de la alcaldía.
5 de abril de 2018, el Ministerio de Justicia se suma a la demanda por el “caso mochilas” y afirma que las ganancias son ilegales. Se habla de un sobreprecio de 10 millones de bolivianos.
20 de abril de 2018, el alcalde Leyes es llamado a declarar y se abstiene, inmediatamente es aprehendido por el “caso mochilas”. Iván Tellería asume el cargo de alcalde. En reiteradas oportunidades, Leyes intentó obtener su libertad pero no tuvo resultados positivos.
27 de febrero de 2019, el Ministerio Público admite la denuncia penal presentada por la Contraloría General del Estado, por el caso Mochilas III, que se refiere a la compra municipal presuntamente irregular de 92.020 mochilas escolares en la gestión 2016.
18 de noviembre de 2019, Leyes salió del penal de “San Antonio” tras la determinación de un juez que le otorgó libertad en el caso Mochillas II. Sin embargo, la autoridad permaneció con arresto domiciliario por el «Caso Mochilas I».
7 de febrero del 2020, logra su libertad con medidas sustitutivas en el caso Mochilas II en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 0581/2019 que se pronunció sobre la acción de libertad que presentó en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
14 de febrero, después de dos años de estar suspendido de sus labores como alcalde, José María Leyes, retomó la alcaldía luego de enfrentar un proceso por vínculos de corrupción.
El 27 de abril los concejales de la comisión primera Celima Torrico, Carlos Coca y Edwin Jiménez denunciaron al alcalde y otros funcionarios en la Fiscalía por la presunta comisión de delitos en la adjudicación de la comida para policías y militares a una empresa que no presentó su Registro Único de Proveedor del Estado (RUPE).
27 de mayo la Fiscalía aprehende a Leyes y a otros tres funcionarios que son investigados por la presunta adjudicación irregular de alimentos tras hallar presuntos indicios de un plan de fuga para abandonar Bolivia vía Perú.
El 28 de mayo se instala la audiencia cautelar implicados en el caso comida. El juez Anti-corrupción Segundo, Richard Rodríguez, determinó detención domiciliaria para el alcalde por el caso adjudicación de comida, además de la fianza de Bs. 150.000 y derecho al trabajo.
29 de mayo el tribunal de justicia determinó dar fianza juratoria a Leyes, con la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, en el caso tenencia ilegal de arma de fuego.
El 4 de junio el edil retornó nuevamente a su despacho y presentó su renuncia a su cargo. Agencias