Este año, marcado por la pandemia del coronavirus, se reportaron en el país 663 embarazos en niñas menores de 14 años, es decir, dos embarazos por día, según cifras del Ministerio de Salud. No hay registros de casos que hubieran concluido en interrupción legal del embarazo (ILE), pese a que la ley así lo permite.
Las cifras, además, develan que la mayoría de esos casos de embarazos es resultado de violencia sexual por agresores que forman parte del entorno familiar o cercano a la víctima, y que pocas veces se denuncian.
La abogada del Centro Una Brisa de Esperanza (CUBE), María Leonor Oviedo, explica que estos embarazos son ineludiblemente fruto de una violación. “Esto significa que hasta la fecha en las cárceles tendrían que existir 663 hombres con detención preventiva o sentencia por violación a niña o adolescente”, señaló.
Pese a que la Sentencia Constitucional 206/2014 establece que toda niña o adolescente que haya quedado embarazada fruto de una violación puede someterse a la ILE, el estado no trabajó en socializar esta alternativa.
No están disponibles cifras que muestren qué porcentaje de víctimas de violación accedieron al ILE, cuántas tuvieron un aborto clandestino y cuántas completaron su embarazo.
Instituciones como la Defensoría del Pueblo y el CUBE lamentan que, durante la emergencia sanitaria, no se haya socializado esta opción que no sólo evita que la víctima de violación continúe siendo victimizada, sino también que su vida no corra riesgo.
“Durante la cuarentena no hubo instancias reales dónde denunciar. Muchas niñas víctimas tuvieron que ir caminando a la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) a sentar la denuncia. Gran parte de ellas caminaba desde zonas alejadas. Después de ir a la Felcc, las mandaban al IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses). No hubo protección ni información verdadera”, lamenta Oviedo.