Bolivia
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, reveló este viernes que el 58,2% de los 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia se encuentran detenidos preventivamente, es decir, sin haber recibido una sentencia judicial. A través de sus redes sociales, el funcionario exigió a las autoridades judiciales acelerar los procesos y respetar los derechos fundamentales de los internos.
«Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”, escribió Callisaya.
La denuncia fue publicada poco después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera un instructivo para revisar los plazos procesales de detención preventiva, en especial los casos de la expresidenta Jeanine Añez, del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari.
La resolución, firmada por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, ordena a todos los Tribunales Departamentales del país verificar si se han excedido los plazos legales en la detención preventiva de estos tres exlíderes políticos. La instrucción exige a los jueces actuar incluso de oficio y resolver conforme a derecho, sin que esto implique una injerencia, sino una reafirmación de la independencia judicial.
El hacinamiento en las cárceles y la necesidad del cambio de infraestructura carcelaria es una de las principales en todos los centros penitenciarios de nuestro país.
Entre marzo y diciembre del año pasado se observa un “incremento de la población carcelaria”, ya que pasó de 20.002 a 24.824, lo que equivale a un 188% de sobrepoblación si se toma en cuenta la capacidad original de las cárceles.
Un informe del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), indica que más del 58% de los privados de libertad estaban bajo esta figura procesal. Esta situación se relaciona con problemas históricos de la justicia boliviana, como el uso excesivo de la prisión preventiva, que ha contribuido al hacinamiento carcelario y ha generado cuestionamientos sobre el respeto a la presunción de inocencia y la lentitud del sistema judicial.
Agencias.
