Bolivia
El procurador General del Estado, Ricardo Condori, afirmó este miércoles que la extradición del exministro Arturo Murillo permitirá la ejecución inmediata de las órdenes de aprehensión que pesan sobre él, al menos seis procesos judiciales en Bolivia. Asimismo, indicó que se pedirá su detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz.
«La justicia debe actuar inmediatamente una vez que se tenga conocimiento del arribo del ciudadano. Las autoridades competentes, en este caso la Policía a través del Ministerio Público, deberán ejecutar los mandamientos de aprehensión que pesan sobre él. Como es de su conocimiento, este ciudadano enfrenta varios procesos judiciales, de los cuales la Procuraduría General del Estado conoce seis, además de otros iniciados por distintas entidades públicas, por lo que, la Procuraduría pedirá la detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro», indicó la autoridad. El Procurador explicó que, una vez que el exministro arribe al país, previsto a las 04:55 horas de este jueves, será aprehendido por la Policía, luego será trasladado a La Paz y presentado ante el juez competente, donde se realizará la audiencia de medidas cautelares. Anticipó que la Procuraduría solicitará su detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro para garantizar el cumplimiento de las sentencias y los procesos pendientes.
DELITOS
Las dos sentencias que ya tiene el exministro Arturo Murillo en Bolivia por dos juicios en los que fue procesado son parte de media docena de procesos que le abrieron al ex hombre fuerte del Gobierno de Jeanine Áñez. Hay cinco juicios pendientes, cuatro en La Paz y uno en Cochabamba.
El juicio por los gases lacrimógenos es el principal, porque fue por ese motivo que también estuvo preso en Estados Unidos, y el daño económico al Estado boliviano asciende a Bs. 16.497.913. Las autoridades ya dictaron sentencia el 4 de octubre de 2024 y fue condenado a 8 años de presidio. Murillo está declarado en rebeldía desde el 25 de junio de 2021 y tiene mandamiento de aprehensión.
El otro caso de gases, es el préstamo que lograron de Ecuador, los cargos fueron: tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes y fue condenado a 5 años y 4 meses de presidio. El 6 de mayo de 2024 fue declarado en rebeldía y, por tanto, tiene mandamiento de aprehensión.
El tercer caso que está a punto de ingresar a fase de juicio oral en el Tribunal 6º de Sentencia Penal de La Paz, a cargo de los jueces Marco Vargas, Germán Ramos y Liz Avilés Condori. Se trata de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que detectó el manejo discrecional de dinero y compra de cajas de seguridad en tres bancos a través de su excuñado, Daniel Aliss Paredes, el delito es legitimación de ganancias ilícitas, la Fiscalía pidió en este caso 10 años de presidio. El cuarto juicio es denominado ‘catering’ y sigue en etapa preparatoria, es decir, que las investigaciones no culminaron, es procesado porque en 2019 mandó a Humprey Roca Becerra, como responsable del proceso de contratación para licitar el “servicio de alimentación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), luego se descubriría que la empresa no estaba calificada para ese trabajo. Fue declarado rebelde el 14 de junio de 2022 y tiene mandamiento de aprehensión.
Los dos casos más curiosos son: Senkata y Sacaba, este último rotulado como ‘Huayllani’, en ambos casos Murillo tiene mandamiento de aprehensión y fue declarado rebelde en septiembre del pasado año, enfrenta una condena de 30 años sin derecho a indulto; pero ambos casos ingresaron a un limbo jurídico, porque los tribunales de los dos casos se declararon incompetentes y lo derivaron a la Fiscalía General para el inicio de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta, Jeanine Áñez.
Al margen de estos seis procesos, existe un juicio particular de Lourdes Pacheco, la mujer que fue acusada falsamente por Murillo en 2020 por el supuesto rapto de una menor y tiene un proceso por el cual pide una indemnización de $us 1 millón, informó el abogado, Frank Campero.
Agencias.
