Entre senadores, diputados y el representante supraestatal, Cochabamba tiene 24 autoridades titulares, en cuyos salarios y aguinaldos se erogaron más de 34.3 millones de bolivianos en los cinco años de la legislatura 2020-2025.
“Estos señores, estos sinvergüenzas, nos han jodido a Cochabamba y nos han jodido el país, estos sinvergüenzas deberían pedir de rodillas perdón al pueblo cochabambino y al pueblo boliviano. Deberían devolver hasta el último peso que han robado: son 34 millones de bolivianos que para estos sinvergüenzas a sus bolsillos han caído. Han utilizado las instituciones para vender cargos y para prostituir el estado, así que estos señores no tienen bienvenida a Cochabamba y estos sinvergüenzas deben ser investigados. Héctor Arce, en su gestión como alcalde de Omereque se ha adjudicado de terrenos y áreas verdes este corrupto, así también como Patricia Arce, que también en Vinto han hecho estragos con terrenos y áreas verdes del municipio. Estos sinvergüenzas van a ser investigados y van a devolver hasta el último peso y no deben salir del país. Se debe pedir arraigo hasta que devuelvan lo que han robado al estado boliviano”, denunciaron
Cochabamba tenía cuatro senadores, nueve diputados plurinominales, nueve diputados uninominales (uno por circunscripción), un diputado indígena y un parlamentario supraestatal. Aunque algunos evitaron precisar cifras, otros expusieron sus salarios. Cada uno de ellos tuvo un salario de más de 22 mil bolivianos, monto que fue incrementando hasta concluir la legislatura.
Esto significa que los 24 salarios representaron cada mes 528 mil bolivianos (más de medio millón); esto suma en un año, incluidos aguinaldos, más de 6.8 millones de bolivianos. En los cinco años, el monto superó los 34.3 millones.
Aparte, sus suplentes también percibieron salarios, de entre 7 mil y 8 mil bolivianos. Esto significa que cada curul le costó al Estado alrededor de 30 mil bolivianos.
Solo por concepto de salarios, cada asambleísta recibió en cinco años más de 1,4 millones de bolivianos. En un cálculo más amplio, el Estado boliviano destinó más de 250 millones de bolivianos para pagar sueldos a los 175 diputados, senadores y representantes titulares que integraron la ALP entre 2020 y 2025. Si a esta cifra se le añade la de suplentes, el total correspondiente al quinquenio supera los 341 millones de bolivianos.
En el departamento de Cochabamba, entre 2020 y 2025, los escaños fueron en su mayoría (17) ocupados por el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), frente político que tuvo tres senadores, 13 diputados y el escaño del parlamentario supraestatal.
Entretanto, Comunidad Ciudadana (CC) ocupó siete curules, entre una senadora y seis diputados.
Consultados sobre los resultados de su trabajo legislativo y de fiscalización, aunque sin lograr la respuesta de todos, oficialistas y opositores coincidieron en que divisiones, desorden, desconfianza y corrupción afectaron para el cumplimiento de metas. El quiebre del MAS-IPSP, entre arcistas (afines al presidente saliente Luis Arce) y evistas (seguidores de Evo Morales) marcó buena parte de la legislatura.
Además de los salarios y aguinaldos, los congresistas reciben pasajes aéreos ida y vuelta (Cochabamba – La Paz, considerando las tres semanas de cuatro del mes que deben cumplir en La Paz; la otra semana, les corresponde a los suplentes), viáticos, seguro médico, laptops, tablets y celulares, cada uno, tanto titulares como suplentes.
En torno a la otorgación de equipos, los congresistas, tanto titulares como suplentes, recibieron laptops, tablets y celulares. Las laptops y tablets son devueltas; los celulares, no, ya que están a nombre de cada parlamentario y, además, fueron otorgados en paquetes de ENTEL.
El Estado cubrió el costo de seis boletos de transporte aéreo, tres de ida y tres de vuelta (Cochabamba – La Paz), para que la autoridad preste sus servicios desde la sede de Gobierno las tres semanas reglamentarias mencionadas.