Pocas horas después de que se conociera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la sentencia de diez años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez, por el caso Golpe II, y dispusiera su libertad inmediata, Evo Morales salió a pedir “justicia” por los casos que enfrenta en su contra y solicitó garantías para participar de la posesión de Rodrigo Paz en la sede de Gobierno.
“No busco la impunidad. Quiero justicia. Soy víctima desde hace tiempo de una brutal persecución política, guerra judicial, proscripción electoral, difamación e insultos cargados de violencia, racismo y odio”, escribió en sus redes sociales.
En criterio del expresidente, sus detractores cuentan “con un consorcio de jueces y fiscales que ya redactaron mi condena por razones políticas y por su desprecio a los indígenas”. Sin embargo, meses atrás, el exministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el caso Senkata, que involucra a la expresidenta, fue llevado a juicio penal por el “capricho” de Morales, a quien se le acusa de gestar una persecución contra los líderes de oposición que lideraron las revueltas de 2019 contra el fraude electoral.
Además, el líder cocalero criticó al TSJ mencionando que, si esta instancia busca demostrar imparcialidad, “debe garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia”.
La vicepresidenta del movimiento “Evo Pueblo”, Elizabeth Paco, anunció la realización de un ampliado nacional el próximo 13 de noviembre en el trópico de Cochabamba, con la participación de sectores sociales y organizaciones afines al expresidente Evo Morales. El encuentro, dijo, abordará temas coyunturales y exigirá garantías para la seguridad del exmandatario, ante versiones extraoficiales sobre la presunta presencia de la DEA en el país.
La dirigente advirtió que el movimiento no permitirá ningún intento de aprehensión ni acciones judiciales contra Morales y que los movimientos sociales están dispuestos a movilizarse en su defensa.
La vicepresidenta de “Evo Pueblo” pidió finalmente al nuevo gobierno no repetir las acciones del anterior gobierno de Luis Arce, al que acusó de haber promovido persecución interna y división política.