Bolivia
En redes sociales, existe una fuerte denuncia y discusión pública, acerca de que el senador, empresario y expresidente cívico cruceño, Branko Marinkovic, habría pagado una suma muy baja, alrededor de 2 bolivianos por hectárea, en impuestos por el uso de tierras, lo cual se considera una cifra ridícula e injusta, generando indignación por los supuestos privilegios que gozaría este “terrateniente”.
En diversas plataformas se acusa a Marinkovic de pagar la suma mínima por el uso de miles de hectáreas, lo que se ve como una evasión o un trato preferencial.
La cantidad mencionada repetidamente es Bs. 2.28 por hectárea, según diversas publicaciones, aunque los detalles específicos del impuesto y las tierras no se aclaran completamente en los fragmentos.
Esta acusación surge en medio de debates sobre la propiedad de tierras y el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) en Bolivia, con llamados a investigar y sancionar estas irregularidades.
En Bolivia, el impuesto agrario para propiedades empresariales se calcula sobre una base imponible que suele ser baja comparada con el valor de mercado, lo que genera críticas sobre la recaudación fiscal en el sector latifundista.
Durante 2023 y 2024, el Gobierno y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) impulsaron la reversión de aproximadamente 33.000 hectáreas pertenecientes a la familia Marinkovic (predios Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte), valuadas en unos 80 millones de dólares.
Aunque en junio de 2024 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó inicialmente una tutela que favorecía a la familia, Marinkovic continúa defendiendo su derecho propietario, calificando los procesos como «persecución política».
En noviembre de 2025, Marinkovic fue designado para presidir la Comisión de Tierra y Territorio del Senado, lo que generó nuevas críticas por un posible «conflicto de intereses» debido a sus litigios personales por tierras fiscales.
Branko Marinkovic propone eliminar el concepto de «reversión de tierras» y fortalecer la propiedad privada absoluta para evitar que el Estado pueda cuestionar la función económica social de los predios.
