Angustiados padres de familia denunciaron al portal informativo de IN Noticias presuntos cobros ilegales y exigencias arbitrarias durante el proceso de inscripción en el colegio Instituto Americano Vecinal “C”, hechos que vulneran la normativa educativa vigente que prohíbe el cobro de montos no autorizados y, con mayor razón, las donaciones obligatorias en especie.
Según la denuncia, al momento de la inscripción en el nivel inicial (pre kínder), la directora del área, identificada como Ingrid, habría instruido de manera directa a los padres a cancelar Bs 500 por “derecho de piso”, además de Bs 150 por concepto de mensualidad y Bs 20 para pro deportes, sumando un total de Bs 670.
Lo más grave, de acuerdo al testimonio, es que la autoridad educativa exigió la entrega obligatoria de cinco sillas blancas, bajo el argumento de que se trata de una instrucción de la dirección general del establecimiento. Ante la imposibilidad económica de cumplir con esta exigencia, los padres recibieron la advertencia de que, si no entregan las sillas, se dispondrá la plaza del niño.
Los padres de familia expresaron su profunda preocupación y angustia, señalando que este tipo de prácticas constituyen una forma de presión y extorsión, especialmente contra familias de escasos recursos, y contravienen de manera directa la normativa del Ministerio de Educación, que prohíbe estos cobros y condicionamientos para el acceso a la educación.
Exigen la intervención inmediata de las autoridades educativas competentes, la verificación de estos hechos y las sanciones correspondientes, a fin de garantizar el derecho a la educación sin condicionamientos económicos ilegales.
Está terminantemente prohibido realizar cobros económicos como condición para la inscripción escolar en Bolivia, tanto para colegios fiscales como privados, incluyendo conceptos como matrícula, reserva de plaza o material, y se insta a los padres a denunciar formalmente cualquier irregularidad ante las direcciones distritales de educación para que se apliquen sanciones, ya que solo se permiten cuotas consensuadas para mejoras de infraestructura y equipamiento.