El caso del empresario Wilson Sahonero vuelve a sacudir los cimientos del sistema judicial en Bolivia, incluso después de la salida del gobierno delincuencial del MAS. Una denuncia por extorsión que Sahonero interpuso contra Dávila vuelve a tomar fuerza tras conocerse que el «consorcio» de Machu Dávila continuaría operando en el país.
Cochabamba
El sistema judicial boliviano enfrenta un nuevo sismo tras revelarse que el esquema de extorsión operado por el entorno de Maximiliano Dávila continúa vigente. El caso de Wilson Sahonero es la prueba fehaciente: una trama donde policías, fiscales y jueces coordinaron el robo de más de 500.000 dólares.
Los antecedentes del proceso revelan una denuncia sostenida por Wilson Sahonero sobre la existencia de un consorcio criminal integrado por jueces, fiscales y policías. Según la acusación, este grupo operó coordinadamente para extorsionar 300.000 dólares en su domicilio el 29 de diciembre de 2015.
El operativo estuvo al mando de los oficiales Maximiliano Dávila (hoy detenido en EE.UU. por narcotráfico), Harold Villanueva y Antonio Paucara.
EL VOLTEO DE
200.000 DÓLARES
El rol de Antonio Paucara es crítico; con más de 15 años en el mismo cargo, se le señala por conocer el destino de más de 200.000 dólares incautados que desaparecieron de los registros oficiales.
Tras un rechazo inicial del caso —respaldado por una auditoría financiera que demostraba la licitud del patrimonio de la familia Sahonero—, las fiscales Andrea Reyes Carrasco y Sandra Nina, identificadas con el ala dura del masismo, reabrieron el proceso de forma ilegal apenas diez días después. Esta reapertura «exprés», realizada sin nuevas pruebas, habría sido instruida por el exfiscal Freddy Larrea (operador del entonces fiscal general Ramiro Guerrero), presuntamente para apropiarse del dinero incautado y bloquear cualquier reclamo legal de Sahonero.
VÍNCULOS CRIMINALES
La gravedad del caso se acentúa con el apersonamiento conjunto de la fiscal Reyes y el exjuez Armando Navía Rojas (apodado «maleante del Barrio Chino»). Navía fue quien ordenó el allanamiento de 2015 sin cumplir requisitos básicos y bajo órdenes directas de Dávila.
Aquel operativo se ejecutó violentando la presencia de cinco menores de edad y sin el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez, con el aparente objetivo de eliminar testigos de la extorsión de 300.000 dólares.
El hecho de que Navía reaparezca años después para reactivar el proceso confirma la operatividad del consorcio, cerrando el círculo de impunidad para encubrir el robo del dinero.
CÉSAR SILES
INVOLUCRADO
Este entramado de manipulación judicial alcanza niveles jerárquicos superiores con el caso que involucra al exministro de Justicia, César Siles, señalado como el articulador de un plan para desplazar a la magistrada del Tribunal Supremo, Fanny Coaquira, por pugnas de poder político.
Declaraciones de la exvocal Claudia Castro revelan que Siles impulsó una estrategia para reemplazar a Coaquira por Iván Campero, un perfil funcional a sus intereses. Para ello, se utilizó al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, quien habría aceptado viabilizar una acción de cumplimiento a cambio de beneficios laborales.
Las pruebas apuntan a reuniones en el domicilio particular de Siles días antes de la audiencia de cumplimiento, donde se coordinaron los detalles del fallo. Incluso se ha denunciado el envío de mensajes de texto en plena audiencia para «guiar» la fundamentación del juez, evidenciando una injerencia directa en la jurisdicción.
CASO CONSORCIO:
LA RED DE PODER
DE CÉSAR SILES
El denominado Caso Consorcio ha dejado de ser un proceso aislado para convertirse en la radiografía de uno de los entramados de manipulación judicial más alarmantes de la historia reciente en Bolivia.
Las investigaciones actuales colocan al exministro de Justicia, César Siles, en el epicentro de una tormenta política y legal, señalándolo como el arquitecto de una estrategia diseñada para capturar el control del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante el desplazamiento forzoso de la magistrada Fanny Coaquira.
Según el expediente procesal y las nuevas declaraciones incorporadas, el conflicto no fue jurídico, sino una abierta pugna de poder. Todo comenzó con la imposición vertical de Iván Córdova como presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Esta decisión, tomada sin el consenso de las bases judiciales, generó una fractura interna que Siles habría intentado zanjar eliminando cualquier resistencia.
En este escenario, la magistrada Coaquira se convirtió en un obstáculo que debía ser removido para dar paso a Iván Campero, un perfil considerado funcional a los intereses del entonces ministro.
Los testimonios de la exvocal Claudia Castro —pieza clave en el esclarecimiento del caso— revelan la frialdad con la que se planificó la caída de Coaquira.
Inicialmente, a principios de 2025, el grupo de poder evaluó abrir un proceso penal en su contra. Sin embargo, al percatarse de que los tiempos de la justicia ordinaria eran demasiado lentos para sus objetivos políticos, decidieron reactivar una acción de cumplimiento.
Este recurso constitucional fue instrumentalizado como un arma de «destitución rápida», una táctica ya conocida en otros casos de persecución a autoridades incómodas.
EL FACTOR LEA PLAZA
El rol del juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, es quizás el punto más crítico de la investigación. Castro confesó que Lea Plaza aceptó viabilizar la acción de cumplimiento bajo la promesa de beneficios laborales directos, específicamente su traslado a un distrito judicial más favorable.
La gravedad de la interferencia quedó plasmada en el relato de una reunión realizada apenas tres días antes de la audiencia clave.
El encuentro tuvo lugar en el propio domicilio particular de César Siles, donde se terminaron de pulir los detalles del fallo. Incluso, durante el desarrollo de la audiencia, la exvocal Castro admitió haber enviado mensajes de texto al juez para «guiarlo» y ayudarlo a fundamentar una resolución que ya estaba escrita de antemano, anulando cualquier rastro de independencia judicial.
El esquema de coacción no se limitó a los jueces. Se reportaron advertencias dirigidas al Consejo de la Magistratura para evitar cualquier represalia administrativa contra los operadores del plan, utilizando el nombre del ministro Siles como un «escudo protector».
El argumento era contundente: «El ministro está al tanto de todo».
A la fecha, el proceso cuenta con siete exfuncionarios de alto rango imputados, incluyendo a César Siles, Iván Campero y Claudia Castro. No obstante, el caso ha tomado un cariz sombrío tras la muerte del juez Fernando Lea Plaza.
Su fallecimiento, ocurrido en circunstancias que la opinión pública y los investigadores miran con recelo, añade una capa de misterio y tragedia a un escándalo que ya ha herido de muerte la credibilidad institucional del país.