Bolivia
Nuevas revelaciones judiciales han permitido reconstruir el plan orquestado para despojar de su cargo a la magistrada Maggy Coaquira del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Lo que inicialmente parecía un trámite administrativo resultó ser una compleja red de tráfico de influencias motivada por una pugna de poder en las altas esferas del Estado. La clave para entender este caso reside en la confrontación directa entre el exministro de Justicia, César Siles, y la magistrada Coaquira. El conflicto estalló cuando Siles impuso a Iván Córdoba como presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz sin consenso previo. Ante la resistencia de Coaquira, Siles habría decidido apartarla definitivamente de su cargo para habilitar en su lugar a un aliado cercano, Iván Campero.
Según la confesión de la exvocal Claudia Castro, el grupo buscó inicialmente una vía penal para suspender a la magistrada, pero al notar que los tiempos legales no eran funcionales a sus intereses, optaron por reactivar una acción de cumplimiento. Para ejecutar este plan, captaron al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, quien aceptó participar a cambio de un traslado de distrito y mejoras en sus condiciones laborales. Uno de los puntos más escandalosos de la declaración de Castro describe cómo se coordinó la audiencia. Tres días antes del fallo, los involucrados se reunieron en el domicilio particular de Siles para ultimar detalles. Durante la audiencia misma, Castro admitió que le enviaba mensajes de texto al juez Lea Plaza con los argumentos técnicos que este debía utilizar; incluso reveló que debía simplificarle los conceptos porque el juez no lograba comprender la terminología jurídica que le pedían aplicar. El consorcio no solo operó sobre el juez, sino que también emitió advertencias a funcionarios del Consejo de la Magistratura para evitar represalias contra Lea Plaza, utilizando el nombre del ministro Siles como garantía de impunidad. Actualmente, el proceso cuenta con siete exfuncionarios imputados, incluyendo a las figuras centrales: Siles, Campero y Castro. El caso quedó marcado por la tragedia tras el presunto suicidio del juez Lea Plaza, quien apareció sin vida justo cuando la investigación comenzaba a cercar a los cabecillas del consorcio.