El dirigente cocalero Evo Morales Ayma convocó a organismos internacionales y figuras públicas globales a imponer un “estricto control” sobre las elecciones subnacionales del domingo 22 de marzo en Bolivia. En un llamado cargado de desconfianza, Morales alertó sobre presuntos riesgos de manipulación que, según él, amenazan la voluntad popular en un proceso clave para definir gobernadores departamentales y alcaldes municipales.
A través de su cuenta en X (ex Twitter), el líder indígena no escatimó críticas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que tildó de “no garantía de transparencia e imparcialidad”. Argumentó que varios de sus miembros mantienen vínculos directos con el Gobierno central y partidos políticos afines, lo que comprometería la neutralidad del ente organizador.
Morales también denunció irregularidades en la fase previa a los comicios, como la “ilegal” inhabilitación de candidatos opositores y la anulación de siglas de organizaciones populares, maniobras que interpreta como un intento de inclinar la balanza. “No permitiremos que se robe la democracia del pueblo”, manifestó en su publicación, en un contexto de crecientes tensiones políticas que polarizan el escenario nacional.
Las elecciones subnacionales, que se disputan en medio de desafíos económicos y sociales, podrían reconfigurar el mapa del poder local y agravar las fracturas en el MAS y la oposición.
Las alianzas de Evo Morales buscarán recuperar influencia política en las elecciones regionales del domingo mediante alianzas que incluyen al exoficialista Movimiento al Socialismo (MAS), partido al que renunció tras liderarlo durante casi tres décadas, en medio de disputas internas con el también exmandatario Luis Arce (2020-2025).
En los comicios regionales de 2020, el MAS obtuvo 240 de 336 alcaldías y tres de las nueve gobernaciones que tiene el país, un escenario que ahora resulta difícil de repetir tras el declive de esa fuerza y la ruptura de ambos líderes.
Morales impulsó el bloque político Evo Pueblo, mientras que Arce se encuentra en detención preventiva desde diciembre pasado, acusado de presuntos actos de corrupción.