Miembros del Control Social de Quillacollo, concejales en ejercicio y abogados de la Dirección Jurídica municipal plantearon la solicitud de una alerta migratoria contra el exalcalde Eduardo Mérida, argumentando riesgo de fuga ante su inminente encarcelamiento por el caso de su libreta militar falsificada.
La petición reabre un proceso que arrastra varios años y que en 2018 derivó en una sentencia de 3 años y 6 meses por uso de instrumento falsificado y delitos electorales.
El eje del planteamiento actual, según el bloque que impulsa la medida, es evitar una eventual salida del país si se consolida una resolución adversa contra Mérida, por lo que busca eludir con denuncias y advertencias a las autoridades ediles electas.
ALCALDÍA RESPONDE AL CINISMO Y AMENAZAS DE MÉRIDA
En ese contexto, el asesor jurídico municipal Mario Rojas sostuvo que toda persona que conozca hechos que afecten el patrimonio público tiene la obligación de denunciar, en línea con la lógica de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La posición de la Alcaldía, según el planteamiento difundido, es que si Mérida posee documentación sobre presuntas irregularidades de otras autoridades, debe presentarla por la vía legal correspondiente; de lo contrario, esas acusaciones caerían en el terreno del “show” político, al que está acostumbrado el mencionado «doctor».
EL CASO VUELVE EN UN ESCENARIO POLÍTICO TENSO
La arremetida contra Mérida aparece, además, en medio del reacomodo político posterior a las subnacionales y de nuevos cruces discursivos con el alcalde electo Luis Santa Cruz y el actual alcalde Héctor Cartagena.
En el trasfondo persiste un expediente judicial con antecedentes notorios: en 2018, la justicia dictó condena de cárcel contra Mérida por el caso de la libreta falsificada y meses después también hubo decisiones contradictorias sobre su detención y su defensa en libertad, lo que convirtió el proceso en uno de los casos más polémicos de la política quillacolleña.
Así, más que una simple solicitud administrativa, la propuesta de alerta migratoria vuelve a instalar una pelea de fondo entre responsabilidad penal, uso político de los procesos judiciales y control del relato público en Quillacollo.
Lo que ocurra en adelante dependerá no de pronunciamientos políticos, sino de actuaciones formales de las autoridades competentes. Mientras tanto, el caso Mérida retorna al centro del debate local cargado de tensión, acusaciones cruzadas y una vieja pregunta que sigue sin cerrarse del todo en el plano judicial. El Eje