El dirigente cocalero Elmer Liizarazu ya denunciaba en marzo de este año un terrorismo sindical instaurado por dirigentes evistas en el trópico de Cochabamba.
“No es legítimo que un dirigente o una organización quiera coartar el derecho a un compañero, a un ciudadano boliviano, de participar como candidato con cualquier sigla. No es legítimo que estos dirigentes caudillos insinúen las sanciones económicas a las bases simplemente porque un compañero determine participar con otra sigla. No es legítimo que se sobrepase la Constitución porque los derechos están consagrados y después pretendan ser defensores de la Constitución. Desde el punto de vista político, a eso se lo llama terrorismo sindical. El compañero está en su derecho de poder participar; la compañera está en su derecho de participar; todos están en su derecho de ejercer sus derechos políticos, como lo señalan los artículos 21 y 26 de la Constitución Política del Estado. Entonces parece que no conocen la Constitución, parece que no han leído; por eso llamo a la reflexión a esos dirigentes caudillos a quienes mencionan en redes sociales insinuando expulsar a un compañero, a un boliviano que ejerce sus derechos constitucionales y se está queriendo institucionalizar lo que son las elecciones”, afirmó Lizarazu.
Luego de todas las denuncias, la difusión de un chat en redes sociales ha generado preocupación en el trópico de Cochabamba, luego de que se hablara de la presunta desaparición del dirigente cocalero Elmer Lizarazu, cuyo paradero sería desconocido desde las 10 de la mañana del lunes 6 de abril.
En las conversaciones filtradas, supuestos dirigentes señalan que “lo tienen” y expresan preocupación por su situación, indicando incluso que no responde a llamadas y que el caso sería grave. Estos mensajes comenzaron a circular en plataformas digitales, encendiendo las alarmas entre sectores sociales y políticos.
Este hecho ocurre en medio de la polémica generada por declaraciones recientes de Lizarazu durante un discurso en un congreso en el trópico, donde sugirió la posibilidad de gestionar asilo político para Evo Morales en otro país, argumentando el desgaste económico y social de las organizaciones sindicales cocaleras debido a la constante vigilancia y movilización para resguardar su integridad física.