Tarija
La propuesta de Vania Ledezma, delegada en Tarija de la organización «Lucha Contra la Injusticia», ha provocado un intenso debate al sugerir una reforma drástica a la Ley 348. Su planteamiento establece que las mujeres que presenten denuncias falsas de violencia de género deberían ser sancionadas con 30 años de prisión, que es la pena máxima permitida en el país. Ledezma sostiene que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, diseñada originalmente como un mecanismo de protección, se ha transformado en un instrumento de extorsión y venganza personal.
Según su postura, el sistema judicial permite que muchos hombres sean detenidos preventivamente sin pruebas contundentes, basándose solo en el testimonio de la denunciante, lo que vulnera el principio de presunción de inocencia. Esta situación provoca la destrucción de familias y daños psicológicos y sociales irreparables en hombres que suelen ser inocentes.
Desde una perspectiva jurídica, la propuesta resulta extremadamente polémica porque rompe con el principio de proporcionalidad de las penas en el Derecho Penal boliviano, ya que los 30 años de cárcel sin derecho a indulto están reservados exclusivamente para delitos de máxima gravedad como el feminicidio, el asesinato o el parricidio.
Equiparar una denuncia falsa con un asesinato es visto por expertos como una desproporción legal. En segundo lugar, el Código Penal ya contempla el delito de acusación y denuncia falsa en su Artículo 166, pero con sanciones que oscilan entre uno y tres años de reclusión, lo que evidencia la enorme brecha entre la normativa vigente y la propuesta de Ledezma.
Finalmente, diversos colectivos de derechos humanos advierten sobre el peligroso efecto inhibidor que esto generaría: muchas víctimas reales de violencia podrían desistir de denunciar por el temor de que, si no logran recolectar pruebas técnicas suficientes, una sentencia absolutoria para el agresor termine convirtiéndose en una condena perpetua para ellas.