Santa Cruz
La Aduana Nacional de Bolivia reaccionó con determinación este miércoles ante un escándalo que cuestiona los filtros de seguridad estatal. Tras la difusión de reportes sobre el pasado delictivo de María Argentina Rojas Roca en el extranjero, la institución revocó de forma inmediata su designación interina como administradora del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, la principal terminal aérea del país.
La polémica estalló al revelarse que Rojas Roca enfrenta una condena y una orden de expulsión en Brasil. Los delitos señalados son de alta gravedad: tráfico de estupefacientes y asociación delictiva. Que una persona con este perfil hubiera sido nombrada para supervisar el flujo de mercancías en un punto estratégico para la seguridad nacional generó una ola de críticas inmediatas.
Ante el escándalo, la Aduana aclaró que, al momento de su postulación, la funcionaria presentó su certificado del REJAP boliviano sin registros de procesos pendientes, cumpliendo así con los requisitos legales básicos exigidos por la normativa vigente. No obstante, el caso evidencia una brecha crítica: la falta de cruce de información con bases de datos internacionales para cargos de alta responsabilidad.
El presidente de la Aduana, Alberto Samuel Soto de la Vía, ordenó anular el memorándum de designación bajo la premisa de que la transparencia debe prevalecer sobre el simple formalismo administrativo. Con esta medida, la institución busca proteger la gestión pública y evitar que la credibilidad del control aduanero se vea comprometida por cuestionamientos éticos.
Este incidente pone bajo la lupa los mecanismos de control del Estado boliviano. La opinión pública ahora demanda una revisión profunda de los protocolos de selección, sugiriendo que para cargos en fronteras y aeropuertos no basta con la documentación nacional, sino que es imperativo verificar antecedentes penales en el exterior, especialmente en países vecinos, para garantizar que la administración pública esté en manos de perfiles idóneos.