La ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y no convencionales, que fue aprobada en Diputados esta semana y ahora espera ser tratada en Senadores, autoriza que por orden de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Policía y la Fiscalía puedan allanar casas, revisar cuentas bancarias, romper el secreto profesional, dispone el “pago” a informantes y obliga, incluso a las iglesias y a organizaciones no gubernamentales a abrir su información.
La norma apunta “a esas personas que sin haber hecho nada tienen buenas casas. No habrá atropellos. Yo hubiera apoyado a quienes compraron los autos indocumentados en las comunidades para nacionalizarlos, pero los delincuentes que traen esos vehículos se aprovecharon, son contrabandistas y eso ya no se puede aceptar”, adujo Ajpi.
El artículo 31 establece que en investigaciones de estos delitos la Fiscalía, con el apoyo de las funciones de los investigadores policiales, podrán acceder a toda documentación e información física o informática que esté en poder de cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, así como realizar búsquedas de personas, allanamientos a lugares específicos, toma de declaraciones a testigos, identificación de personas que controlan cuentas, rastreo de bienes sin aviso al titular y todo acto necesario para la obtención de pruebas.
Ante eso, la senadora Centa Rek, Creemos, calificó la ley de inconstitucional. “Está hecha para perseguir, para promover la concentración del poder político en manos del Gobierno. Otorga atribuciones plenipotenciarias a la UIF y el ciudadano ve vulnerados sus derechos y garantías”.
Ni las iglesias quedan exentas, porque la obligatoriedad de informar alcanza a organizaciones civiles, “organizaciones religiosas y de creencias espirituales, organizaciones no gubernamentales y toda organización sin fines de lucro y otras actividades establecidas en el Código de Comercio. Agencias