La querida por muchos y odiada por otros, exintendenta de Cochabamba “Luz Clarita” Rojas, tendrá que devolver todos sus salarios recibidos cuando fue la cabeza de la Intendencia, debido a que la exautoridad se acogió a la denominada “justicia restaurativa” dentro el caso denominado designaciones ilegales, en el que también está implicado el exalcalde José María Leyes.
Sobre ese caso, se conoce que el monto que tendría que ser devuelto a la municipalidad supera los Bs 266 mil.
JUICIO ORAL
La jornada de ayer, debió instalarse el juicio oral contra las exautoridades, Rojas por el delito de uso de instrumento falsificado y el exalcalde por el delito de nombramientos ilegales; sin embargo, el juicio fue suspendido por que “Luz Clarita” decidió someterse al programa de justicia restaurativa.
Con carácter previo a instalarse la audiencia de juicio oral dentro el presente caso, Rojas mediante memorial hizo saber que en fecha 18 de abril de 2022 mediante memorial presentado ante el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción y Transparencia Institucional, había determinado ingresar al programa de Justicia restaurativa, es decir resarcir el daño que consistirá en la devolución de los montos percibidos cuando ejerció el cargo de Intendenta de Cochabamba.
Agregándose a ello la posible existencia de incidentes o apelaciones pendientes de resolución, que de realizarse el juicio en esas condiciones, se estaría vulnerando el debido proceso, por lo que se determinó solicitar informe a la secretaria del Juzgado Cautelar donde radico el proceso en la etapa preliminar.
Por los extremos expuestos, la autoridad judicial determino reprogramar la audiencia para el 23 de noviembre de 2022.
ANTECEDENTES DEL CASO
De acuerdo a los antecedentes dentro el presente caso, el ex alcalde en desconocimiento del manual de funciones que exigía una serie de requisitos para ejercer el cargo, habría procedió a la designación de la Directora de la Intendencia el pasado 19 de junio del año 2015.
En tanto que la exintendenta habría presentado documentación que acreditaba que ella era secretaria ejecutiva a nivel técnico medio, además de haber presentado un certificado de egreso de operador de computadoras.
De acuerdo con una nota de prensa del TDJ, los certificados que habrían sido falsificados, según se habría establecido en las investigaciones efectuadas dentro el presente caso que derivaron en la acusación contra las dos exautoridades, que ahora se encuentran en fase de ser sometidos a juicio oral.