«¡Honor y gloria a los caídos de Senkata y Sacaba!». Ésas fueron las primeras palabras del emotivo discurso de posesión del presidente de Bolivia, Luis Arce, el pasado ocho de noviembre. Toda una declaración de principios. Y una gota de agua en el desierto para los familiares de las víctimas de ambas masacres. Miles de personas marcharon el domingo hasta la ciudad de Sacaba, donde un año atrás un operativo conjunto de la policía y el ejército se cobró la vida de al menos diez manifestantes. Luego de una misa y al leer el nombre de cada víctima, se detalló su causa de muerte: en todos los casos fue por impactos de bala en distintas partes del cuerpo. «Para los familiares ha sido un año muy difícil porque además de la vulneración al derecho a la vida de sus seres queridos tuvieron que enfrentar la estigmatización y discriminación por su origen y cultura», asegura Ruth Llanos, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASOFAMD).
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 36 personas perdieron la vida en distintas regiones del país durante los conflictos posteriores al golpe de Estado contra Evo Morales. Al día de hoy no existe un solo imputado y la justicia brilla por su ausencia. Buscando acelerar los tiempos, la Asamblea Legislativa aprobó a fines de octubre el inicio de un juicio de responsabilidades contra la presidenta interina Jeanine Áñez y varios de sus exministros. Además el flamante ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que una misión de la CIDH llegará al país el 23 de octubre para investigar los hechos.
CACERÍA
La masacre de Sacaba ocurrió el 15 de noviembre de 2019 aunque empezó a tomar forma días antes. El 13 de noviembre, en una reunión en la Estación Policial Integral de Huayllani, Cochabamba, el Comandante Departamental Jaime Zurita le advirtió al dirigente del sector campesino de ese departamento, Jhonny Pardo: «Si ustedes ingresan a la ciudad, los voy a cazar». El Decreto Supremo 4078 autorizaba a las fuerzas armadas a realizar operaciones para «reestablecer el orden» y eximía a los militares de cualquier responsabilidad penal. Fue el aval del régimen para que sus oficiales actúen con total impunidad.
Durante la jornada del 14 de noviembre, una marcha encabezada por militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y productores de hoja de coca del Trópico buscaba llegar hasta la ciudad de Sacaba. «Éramos muchos, entonces salimos en una marcha pacífica con banderas y nada más, protestando y pidiendo paz y que paren los maltratos contra las mujeres de pollera», asegura en diálogo con este diario Juan Carlos Gutierrez, un joven de 23 años gravemente herido durante la manifestación. Los testimonios de las horas previas al horror van todos en la misma dirección. «Mi hermano salió en una marcha pacífica de aquí del Trópico acompañado por mi madre y mi padre. Salió en defensa de la democracia y el derecho de las mujeres de pollera, porque los motoqueros y pititas estaban humillando a las mujeres. Lamentablemente el gobierno de facto ha levantado bala contra su propio pueblo», cuenta a PáginaI12 Angélica Calle, hermana de Omar Calle, una de las víctimas fatales de Sacaba. Página 12
