La mañana de ayer, se anunció una acción penal contra la Gobernación de Cochabamba por incumplimiento de deberes y atentado a la salud pública debido a la falta de control de botaderos en su región, informó el asambleísta departamental por Unidad Demócrata, Freddy González.
“En base a un informe emitido por la Contraloría, se deduce incumplimiento de deberes en los últimos 14 años, por lo tanto plantearé al pleno de la Asamblea que se presente una denuncia penal”, informó.
El asambleísta denunció que la Gobernación no realiza el monitoreo y seguimiento efectivo de botaderos en el departamento de Cochabamba, poniendo en peligro la salud de la población.
“Al extremo que estos botaderos fueron inspeccionados una vez en el lapso de tres años por la Gobernación, además no existe evidencia de acciones continuas, ni planificadas”, agregó.
Se indicó que no existen trabajos para iniciar acciones preventivas a fin de minimizar el impacto ambiental en la disposición de residuos sólidos. Por su parte, la Contraloría recomendó a la Gobernación adecuar a la ley integral de residuos sólidos, conforme a la Ley 755 y tome acciones para contrarrestar la contaminación.
Asimismo, se con ayuda de la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto finaliza su proyecto a diseño final para la construcción de una planta de residuos sólidos para los 15 municipios de esa región, con un costo de 37 millones de dólares, informó el gerente de la institución, Franolic Huanca.
Los 15 municipios del valle alto generan 70 toneladas de desechos al día, pero ninguna de estas alcaldías tienen una planta de tratamiento para residuos sólidos. Se trata de botaderos a cielo abierto, que en la mayoría de los casos están ubicados en lechos.
