El exjefe del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) Juan José Millán declaró ante la Fiscalía Policial y acusó al director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, de haber ordenado la aprehensión ilegal del juez Hugo Huacani. Según la declaración, también están involucrados tres abogados del Ministerio de Gobierno.
¿Puede manifestar si es cierto que recibió órdenes de ejecutar el mandamiento de aprehensión contra el juez Huacani?, preguntó el investigador de la Fiscalía Policial a Millán. Según el documento al que Página Siete tuvo acceso, Millán declaró el 21 de octubre en calidad de testigo dentro del proceso que se lleva contra Rojas por acoso laboral y manipulación de al menos seis casos relacionados al MAS.
“Sí, he recibido órdenes del coronel Iván Rojas, director de la Felcc” es la respuesta de Millán, quien prosigue dando una serie de detalles sobre lo acontecido el 22 de mayo, cuando un grupo de policías vestidos de civil aprehendieron al juez onceavo cautelar de La Paz, Hugo Huacani.
Millán prosiguió: “(Rojas) me convocó a su oficina, había tres personas, dos varones y una mujer, quienes se identificaron como asesores del Ministerio de Gobierno y denunciaban al juez Huacani por incumplimiento de deberes”. El coronel Rojas manifestó su absoluta conformidad con los supuestos delitos y me ordenó realizar la intervención y aprehensión del juez Huacani con el DAC, señala parte de la declaración.
El 22 de mayo, Huacani fue denunciado por permitir que salga de la cárcel la cuidadora de la casa del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, en el caso de terrorismo que se sigue contra esa exautoridad. El momento de ser detenido, el juez debía llevar la audiencia cautelar del exministro de Salud Marcelo Navajas por el caso de la compra de respiradores españoles con sobreprecio.
Desde hace varios días este medio buscó en su oficina y llamó varias veces al director de la Felcc, quien no atendió las llamadas. El miércoles, Rojas informó que estaba de vacaciones y anunció que daría una conferencia junto a sus abogados al día siguiente, pero no cumplió. El artículo 57 de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía señala que los uniformados procesados no pueden tener vacaciones y deben ser puestos a disposición de la Fiscalía Policial.
En su declaración, Millán aseguró que la pretensión de Rojas y de los tres abogados del Ministerio de Gobierno, el 22 de mayo, era que el DACI opere de oficio, sin revelar quién dio la orden y quiénes eran los denunciantes, hecho al que Millán se negó. En el formulario de denuncia figura el nombre de dos de los abogados. Sin embargo, luego del operativo, la aprehensión del juez fue declarada ilegal y dos diputados del MAS y la Defensora del Pueblo , Nadia Cruz, presentaron denuncias penales. Agencias