La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó una denuncia por lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas contra el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen Iván Rojas y su esposa, Carla Rocío de la Torre, por el movimiento sospechoso de más de seis millones de bolivianos en sus cuentas de banco.
Según fuentes de la Fiscalía, la principal investigada es De la Torre, debido a la relación laboral que tuvo con el gerente de la Red ATB, Marcelo Hurtado, detenido por legitimación de ganancias ilícitas en el caso PAT. En ese proceso, se solicitó el análisis financiero de más de 40 involucrados en el negociado de publicidad, entre los directivos de esos medios de comunicación y el gobierno de Evo Morales.
Rojas afirmó que tiene todos los descargos financieros, anunció que levantará su secreto bancario pero que aún no había sido notificado con la denuncia por la Fiscalía.
Según el formulario de denuncia, el director de investigaciones financieras Ramiro Rivas Montealegre emitió un informe el 10 de junio, por el que hace conocer que en las transacciones realizadas por Rojas y su esposa, “tanto activas como pasivas”, existe un crecimiento progresivo de su capital, que no está acorde a sus perfiles socioeconómicos.
“Sus actividades profesionales no permiten respaldar su accionar financiero; asimismo, las operaciones (tienen) la calidad de sospechosas, considerando la cuantía (del capital) de 235.742 dólares y 4.526.300 bolivianos, sumado al hecho que el esposo de la principal analizada, el señor Rojas, es un servidor público, se podría presumir la existencia de hechos de corrupción vinculados a su cargo”, destaca parte del informe de la UIF, al que accedió Página Siete.
