Siete meses después de que se hiciera efectiva la extradición a Brasil de Pedro Montenegro Paz, el hombre sindicado de narcotraficante que causó un terremoto político, judicial y policial en el país, aún está pendiente una decisión de la justicia en torno a una de las implicadas en este caso, la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Joyce Lizeth Choquerive Sossa.
Ella, la postulante por Santa Cruz al TSJ que obtuvo la segunda votación más alta en las elecciones judiciales de 2017, fue imputada el 4 de marzo de 2020 por la Fiscalía de Sustancias Controladas, que continúan indagando el caso Montenegro, por los delitos de encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha llevado adelante la audiencia de medidas cautelares en contra de Choquerive, la jurista que podría ocupar el cargo del magistrado Olvis Égüez, recientemente posesionado como titular del TSJ, si es que éste renuncia o muere.
La comisión de fiscales que lleva adelante estas pesquisas, señala, en el documento de imputación, que Choquerive es acusada por los mismos delitos de Gonzalo Medina (exjefe de la Felcc), Fernando Moreira (exagente de la Felcc), Robin Justiniano (abogado cercano a Medina), entre otros, a quienes el Ministerio Público los sindica de haber protegido a Pedro Montenegro para que opere y trabaje sin inconvenientes en el país, pese a que en su contra existía una orden de captura internacional por su implicación en un caso de narcotráfico en Brasil. Agencia