Santa Cruz
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, acusó al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, de “intervenir llamadas telefónicas”. El legislador oficialista dijo que Del Castillo dejó «chiquitingo» a su antecesor Arturo Murillo, y lo calificó de «dictadorcillo y ministrillo».
«La actitud del señor Ministro se ha paralizado, porque no aprehendió a las personas que ofrecieron los 20 mil, son corruptos los que ofrecen y los que aceptan. Aquí hay gato encerrado», advirtió.
Cuéllar manifestó su indignación de que el Ministro de Gobierno actúe como un “librepensante” y no respete la Carta Magna.
“Qué está proponiendo este Ministro dictadorcillo, lo dejó ‘chiquitingo’ a Murillo. Quiere intervenir las llamadas telefónicas de todos los bolivianos. Está violando el artículo 21 de la CPE (…). Nosotros no vamos a permitir a ese ministrillo haga lo que le dé la gana”, indicó Cuéllar.
El parlamentario y vicepresidente de la brigada de Santa Cruz consideró que tanto Del Castillo como su homólogo de Obras Públicas, Édgar Montaño, tienen que ser destituidos de sus cargos frente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Creo que este Ministro tiene que ser destituido ante la ALP, no puede ser que haga quedar mal al Presidente ni al Vicepresidente, no puede estar haciendo quedar mal nuestra gestión de gobierno, ni de la ALP (…). Indigna que sean ‘librepensantes’ y no respeten la CPE”, señaló.
Sostuvo además que “no se puede escuchar llamadas a cualquier ciudadano” y que Del Castillo “está atentando contra la democracia y contra la libertad de pensamiento”.
El diputado azul reitero que en el Ministerio de Obras Públicas existen más hechos de corrupción y que el titular de Gobierno no investigó.
«El ministro de Gobierno muestra parcialidad cuando el caso del Ministerio de Desarrollo Productivo es un piojo tuerto al lado del ministerio de Obras Públicas», sentenció.
Por otra parte, Cuellar anunció que solicitará a la Fiscalía General del Estado en Sucre la reapertura del caso tractores que involucra a la familia de la excandidata a la alcaldía de Santa Cruz, Adriana Salvatierra.