La agrupación ciudadana Fuerza Social (FS) confirmó la expulsión definitiva y con ignominia de su precandidato Charles Becerra Sejas, luego de verificar y ratificar los graves hechos de corrupción que pesan contra la exautoridad municipal, entre ellos la existencia de una sentencia condenatoria de tres años de presidio en el penal San Pablo de Quillacollo por los delitos de estafa e incumplimiento de deberes, vinculados al denominado Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, proyecto que comprometía una inversión aproximada de 10 millones de dólares.
Asimismo, al detectar hechos que lo vinculan con enriquecimiento ilícito ya que en su corta gestión de 2013-2015, generó una fortuna que lo ubica como a uno de los “hombres más ricos de Quillacollo”.
Los dirigentes de Fuerza Social señalaron que la decisión fue asumida tras confirmar documentación judicial y antecedentes que, según indicaron, confirman la responsabilidad penal de Becerra en uno de los casos más cuestionados de la gestión municipal pasada. En ese marco, denunciaron además abuso de confianza y una burla permanente hacia la militancia, asegurando que el exalcalde solo habría utilizado a la agrupación como plataforma para promocionar su imagen personal, aprovechándose del trabajo y sacrificio de sus fundadores.
SILENCIO POLÍTICO
Desde Fuerza Social también cuestionaron la conducta asumida por Becerra cuando, días atrás, estalló públicamente el escándalo en torno a su sentencia de tres años de presidio. Lejos de dar explicaciones, optó —según relatan— por guardar silencio, retirarse del escenario público y posteriormente enviar un mensaje en el que comunicaba que ya no sería candidato de esa agrupación, alegando contar con “mejores opciones políticas”.
Para los dirigentes, esa actitud confirma una conducta reiterada de “deslinde oportunista”, sin asumir responsabilidades frente a la militancia ni frente a la ciudadanía. “Nunca dio la cara. Prefirió huir antes que responder”, señalaron, al tiempo de afirmar que Fuerza Social no será cómplice de hechos que dañan la ética pública y la imagen de la nueva agrupación política cuya prédica es la honestidad, transparencia y compromiso social.
SENTENCIA PENDIENTE
El caso vuelve a cobrar relevancia a la luz de las declaraciones del juez Percy Cámara, miembro del tribunal de sentencia, quien fue enfático al aclarar que Becerra jamás fue absuelto de culpa y pena. Según explicó el jurista, el exalcalde únicamente se benefició del instituto procesal de la prescripción, que extingue la acción penal por el transcurso del tiempo, pero no borra la responsabilidad ni lo libera del cumplimiento de sanciones, como la reparación de daños y perjuicios, además de otras costas derivadas del daño económico lesivo al Estado. Otros juristas recordaron que los delitos de corrupción, según la Ley 004, no prescriben como tampoco existe el perdón judicial.
“El hecho de que una causa prescriba no significa que el condenado quede libre de responsabilidad civil ni administrativa”, sostuvo Cámara en anteriores pronunciamientos, reforzando la tesis de que la condena existe y que sus efectos no desaparecen por arte de magia.
SOLVENCIA FISCAL Y DESESPERACIÓN
A este escenario se suma otro punto clave: hasta la fecha se desconoce si Becerra cuenta con solvencia fiscal, requisito indispensable para cualquier habilitación electoral. Dirigentes y abogados consultados recuerdan que el exalcalde arrastra un pliego de cargo millonario, lo que, por norma, impide la emisión de dicho certificado.
Además, el proceso judicial no está cerrado, ya que la ratificación de la sentencia se encuentra actualmente en fase de casación en la ciudad de Sucre, lo que mantiene el caso abierto y bajo observación.
En ese contexto, desde distintos sectores se advierte una creciente desesperación del exalcalde por obtener su solvencia fiscal, para lo cual, denuncian, estaría moviendo influencias políticas y recursos económicos, en un intento por habilitarse a toda costa.
La expulsión de Fuerza Social marca así un quiebre definitivo. Mientras el calendario electoral avanza, el caso Becerra vuelve a instalar un debate incómodo pero necesario: la ética, la memoria y los límites de la política, frente a antecedentes judiciales que, lejos de disiparse, siguen pesando sobre el presente y el futuro del municipio.
JGV// JFE