Las cifras de embarazos adolescentes se aproximan al centenar diariamente en Bolivia y para el gobierno la situación se ha convertido en una problemática estructural dentro del Estado.
De acuerdo con datos oficiales, la cantidad de embarazos en adolescentes por día en Bolivia ha ido variando en estos últimos 8 años. Así, en 2015 eran 226; en 2016: 189, en 2017: 167, en 2018: 155, en 2019: 134, en 2020: 109, en 2021: 104 y en 2022: 97. Asimismo, en lo que va del 2023 se registraron 13.854 embarazos en adolescentes y niñas menores de 19 años. Específicamente hay 92 embarazos por día en adolescentes de 15 a 19 años y 6 (5,9) en niñas menores de 15 años.
«(Estas cifras) señalan que está existiendo un descenso. Sigue siendo un problema estructural y una preocupación para el Estado, pero hay que reconocer que la cantidad ha ido disminuyendo. Pese a ello, la cifra sigue siendo una preocupación para Bolivia y América Latina», afirmó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz.
En ese sentido, la autoridad atribuye la disminución de casos a las medidas asumidas en los últimos años. Así, menciona el Plan Nacional de Prevención de Embarazos Adolescentes, que concluyó la gestión pasada y que ahora se está proyectando una política pública integral enfocada en la prevención.
«Hay que considerar que detrás de estos datos, hay hechos de violencia sexual y abuso. Son niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad para dar su consentimiento y generar una relación amorosa afectiva sexual con una persona mayor o sus pares. Está observada por el grado de madurez y de información que han podido tener para poder llegar a esta situación», detalló.
Por ejemplo, en el ámbito de salud está el fortalecimiento de los Centros de Atención Integral Diferenciada para Adolescentes (AIDA). Actualmente, hay 120 centros a nivel nacional certificados por el Ministerio de Salud y se tiene proyectado incorporar un número importante para alcanzar a todo el territorio. Por otro lado, en el ámbito educativo, padres y educadores -dijo- señalaron que es importante llegar con información accesible, responsable, integral, suficiente y científica a los estudiantes para otorgar información, para encontrar las primeras puertas de auxilio o de rescate hacia aquellas adolescentes o niñas que estuviesen siendo víctimas de violencia sexual y referenciarlas al sistema de salud y de protección, representado por las Defensorías de la niñez y adolescencia, y, en su caso, también hacia el sistema de justicia penal ordinario.
«Ya se viene trabajando en mesas con los equipos técnicos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación para educación integral en sexualidad que es llegar con información responsable ante todo el bombardeo de información que tiene a través de redes sociales, nuestras niñas, niños y adolescentes en el país. Evidentemente, hasta la fecha, la información con la que se ha llegado es muy débil, es una de las observaciones que ha realizado el Consejo Educativo», agregó.
En ese contexto, explicó que la política pública integral busca generar mayor cantidad de contenidos relacionados a violencias, violencia sexual y el componente de prevención de embarazo adolescente.
«La prevención de embarazo adolescente nos corresponde y nos está demandando corresponsabilidad en el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes como una población en situación de vulnerabilidad», complementó. Agencias