La Alcaldía de Santa Cruz aplica un plan de reorganización para reducir sus gastos, pero además contar con recursos que ayuden a enfrentar la emergencia sanitaria que provoca el Covid-19 desde hace tres meses. La entidad reclama la desatención del Gobierno nacional en la otorgación de fondos.
Entre las medidas que aplica el municipio cruceño está la reducción de secretarías, aunque todavía se desconoce cuáles y cuántas son las afectadas. Asimismo, rescindirán contratos con oficinas alquiladas, reducirán salarios de la alcaldesa, de secretarios y hasta de un 30% del plantel ejecutivo durante tres meses, según reveló Sandra Velarde, secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
El objetivo de aplicar los ajustes mencionados es seguir trabajando en los servicios esenciales de la ciudad aún en condiciones de crisis económica. «Ante esta emergencia extraordinaria para el que ningún municipio estaba preparado por sí solo, el Gobierno nacional ha desoído la crisis que atravesamos los municipios y estamos sin respuesta a las propuestas de auxilio financiero que presentamos hace más de dos meses», reclamó la funcionaria.
Ante tales hechos decidieron llevar adelante la reorganización del Ejecutivo para enfrentar la emergencia y mantener la operatividad de los servicios primordiales. Velarde resaltó que al sistema de salud municipal destinan una gran cantidad de recursos cuando competen al Gobierno central.
«Queremos hablar a toda la familia de funcionarios municipales para comunicar la reorganización ante la emergencia y mitigar la crisis», sostuvo Velarde.
Consultada sobre posibles despidos, la funcionaria afirmó que habrá reorganización a efectos de optimizar los recursos humanos y una asignación de nuevas funciones optimizando la emergencia.
Secretarías, energía eléctrica y alquileres
En este sentido, dijo que disminuirá el número de secretarías y espacios que no se ajusten en atención a la prioridad sanitaria, o a los asuntos de emergencia, limitarán el uso de energía eléctrica en las oficinas, acondicionadores de aire y otros artefactos, «porque cada centavo cuenta».
Asimismo, disminuirán al máximo los contratos de alquileres de oficinas habilitando espacios del nuevo edificio municipal. Se suprimirán programas y servicios que no se podrán ejecutar este año, tampoco se llevarán adelante varias obras.
Descuentos de salarios
El Gobierno Municipal de Santa Cruz ejecutará descuentos porcentuales a los sueldos y salarios de los meses de julio, agosto y septiembre a la alcaldesa y a los secretarios, cargos directivos y asesores municipales. En este sentido, Velarde dijo que a través de Recursos Humanos, la alcaldesa Angélica Sosa ya envió la carta voluntaria para aportar con el 35% de su salario al programa.
Tomando en cuenta los secretarios municipales, los cargos directivos, asesores y municipales, se trata de alrededor del 30% de la plantilla de la Alcaldía cruceña.
La secretaria de Finanzas también dejó abierta la posibilidad de que cualquier trabajador quiera sumarse de manera voluntaria y aclaró que cualquier aporte voluntario se hará bajo aprobación expresa del trabajador. No serán sujetos a los descuentos todos los funcionarios del sistema de salud municipal, la guardia municipal, dependencias de primera línea de atención en la pandemia, así como todos los funcionarios protegidos por la Ley General del Trabajo.
La funcionaria señaló que son conscientes de que son momentos difíciles, pero también que es mejor aplicar ajustes a tiempo y por estos pocos meses que perder a toda Santa Cruz.
«A Santa Cruz siempre le toca ir sola, – sostuvo Velarde- y agregó que una vez más dan la cara de manera responsable para enfrentar esta crisis con solidaridad y defendiendo la vida de cada vecino en estos momentos duros que se viven.
Sobre el destino de los recursos que provengan de los descuentos, adelantó que crearán un fondo solidario con el fin de atender la emergencia en salud por el Covid-19, así como otros servicios esenciales, muchos en riesgo hoy de funcionamiento ante la crisis.
Desatención del Gobierno nacional
Velarde dijo además que cumplieron con las obligaciones de ley con la dotación de infraestructura hospitalaria, centros de salud y equipamiento, pero que nada sirve si el Gobierno nacional, llamado a contratar al personal de salud, incumple con su parte y ese monto alcanza a Bs 300 millones para este año que tiene que pagar la Alcaldía cuando es obligación del Poder Central.
«No pedimos que nos regalen un peso, pero es dinero que se le niega a Santa Cruz. Exigimos, una vez más, que cada nivel de Gobierno se haga responsable de sus compromisos de ley y permita abrir vías de financiamiento para los municipios». demandó Velarde.
La funcionaria insistió que las emergencias deben tratarse como lo que son, emergencia, por lo que solicitan (al Gobierno nacional) procedimientos expeditos para solventar esta crisis que no solo afecta a Santa Cruz. Agencias