El delegado del Viceministerio de Transparencia, Ricardo Arellano, informó que el Ministerio Público notificó a la Alcaldía de Cochabamba para que brinden un informe sobre los presuntos funcionarios que habrían retornado a esta institución, después de ser alejados por haber estado implicados en el caso Mochilas I.
Arellano explicó que están solicitando una lista de los trabajadores contratados, para verificar que entre ellos no se encuentren los exfuncionarios, ya que estos podrían obstaculizar el proceso de investigación de este caso.
“Se ha pedido desde el mes de marzo, que la Alcaldía justifique la contratación o el despido de personas que precisamente están relacionados en este caso”, indicó Arellano a TVU; haciendo también referencia a los despidos que hizo el alcalde José María Leyes un mes después de retornar a la silla edil, entre ello se encontraban testigos de los casos Mochilas I y II.
El representante lamentó que en cinco meses esta solicitud no haya sido respondida por la Alcaldía, generando más susceptibilidad en torno al proceso investigativo de la presunta de compra con sobreprecio de mochilas escolares.
“El tema no es restringir el derecho al trabajo de alguna persona, simplemente es que se cumplan las medidas cautelares ni la prohibición que tenía el imputado de tomar contacto con testigos o personas implicadas en el caso”, recalcó.
Desde febrero, mes que retornó Leyes a sus funciones como alcalde, fueron numerosos los chismes de pasillo que aseguraban que el alcalde estaba haciendo una “masacre blanca” y contratando a personas leales a él, entre ellos funcionarios “que han sido cuestionadas por varios procesos”.
El caso Mochilas I, se inició en 2018 después de que la concejal Rocío Molina denunció un sobreprecio en la compra de material escolar y mochilas de esa gestión, además de asegurar que se dio información privilegiada a la empresa que ganó la licitación.