“Jamás se le ha negado ningún tipo de información al Concejo, estos señores lo único que están buscando es conflictuar y no permitir que sigamos trabajando”, declaró Secretario de Gobernabilidad del municipio, Edwin Paredes. A tiempo de anunciar que se iniciará un proceso administrativo a los 11 concejales por “resoluciones contrarias a las normas y por incumplimiento de deberes”.
Paredes indicó que el Concejo en los últimos meses emitieron resoluciones que van contra de la norma, porque ponen “plazos” de días y horas para que se les entreguen informes que lleva mucho más tiempo elaborarlos. Recalcó que los pedidos de informe se deben hacer según los plazos establecidos en la Ley Municipal 028, el cual dispone que el plazo para la remisión de informes en vía de fiscalización debe otorgarse 20 días calendario, mientras el Concejo los solicita en 10 días e incluso menos.
Un ejemplo fue la resolución No. 8435, referida a los informes que el Ejecutivo debía enviar sobre el proceso de compra y distribución de la “Canasta Familiar”, por la cual se inició un proceso administrativo y penal contra el alcalde José María Leyes.
El director de Coordinación General del municipio, Macedonio Acebey, explicó que los concejales colocaron los plazos a su capricho, no solo incumplen normas municipales sino nacionales. Explicando que según el artículo 153 del Código Penal, declara que la servidora o el servidor público o autoridad que dicta, ejecuta o realiza resoluciones u órdenes contrarias a la constitución o a las leyes, será sancionado con privación de libertad de cinco a 10 años.
«Vamos a pedirles a los concejales que se excusen de este proceso administrativo porque va directamente a la Comisión de Ética y deben habilitarse los concejales suplentes para que estén al tanto de este proceso», concluyó Paredes.
Ante este anuncio, el concejal Edwin Jiménez señaló que la Unidad Jurídica del Concejo debe analizar si la denuncia procede a investigarse o no.
“Nosotros hemos obrado conforme a la Constitución Política del Estado, la Ley 482 de Autonomías Municipales y la Ley municipal de Procedimiento legislativo que establece que los concejos municipales tienen la obligación de la fiscalización a través de peticiones de informe escrito, pero también pueden hacer a través de resoluciones”, indicó el concejal.
Mientras estas peleas e inicios de procesos entre el Concejo y la Alcaldía persisten, la población cochabambina sigue peregrinando de hospital en hospital en busca de atención médica, endeudándose para la compra de medicamentos para combatir contra el coronavirus.