Bolivia
Amnistía Internacional (AI) denunció que el Poder Judicial en Bolivia carece de «plena independencia», que persisten las amenazas en contra de los defensores de los derechos humanos y alertó de la represión a las protestas y detenciones «arbitrarias».
En el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2022, AI señaló que las víctimas de los crímenes cometidos por los Gobiernos militares entre 1964 y 1982 y de la crisis de 2019 siguen «esperando justicia, verdad y reparación», además, los defensoras de los derechos humanos han sido «sometidos a actuaciones judiciales por criticar al Gobierno».
El organismo defensor de los derechos humanos se refirió a la interferencia de las autoridades bolivianas en el sistema judicial y los problemas «estructurales» en la administración de justicia.
Según AI, el relator especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán, quien visitó Bolivia en 2022 «concluyó que las autoridades continuaban interfiriendo en la independencia del poder judicial y que el acceso a justicia seguía siendo difícil». Asimismo, el informe señaló que algunas exautoridades del Gobierno interino de Jeanine Áñez «siguen afrontando cargos como terrorismo, sedición y conspiración» y llevan «más de 21 meses detenidas en espera de juicio», lo que indica «problemas estructurales en la administración de justicia».
Por otro lado, AI se refirió al conflicto de septiembre pasado por la sede y la dirigencia de los productores de la hoja de coca de La Paz y cuestionó que «agentes encargados de hacer cumplir la ley reprimieron con violencia y, en algunos casos, detuvieron arbitrariamente» a cocaleros «que protestaban».
El Gobierno aún no da a conocer el “plan para reducir el uso del mercurio” y la “contaminación causada por el vertido no regulado de residuos” en los ríos y que causa “algunas enfermedades, especialmente en las comunidades indígenas pesqueras”, dijo AI.
Además, Amnistía Internacional señaló que las “sobrevivientes de violencia de género que acudían a la justicia carecían de protección efectiva contra las represalias. Las mujeres y las adolescentes no disponían de métodos anticonceptivos modernos y gratuitos, o asequibles, especialmente en las zonas rurales”.
Además, el Estado no “protegió” a las defensoras medioambientales” y “que, según las organizaciones locales, fueron objeto de al menos 200 agresiones y amenazas”.
indican que rse realizra un seguimiento. Agencias
