El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que se citará a declarar a la expresidenta Jeanine Áñez y a su gabinete para que proporcionen información sobre la firma de tres decretos supremos que autorizaron la compra de armamento no letal, referido al caso del ex ministro Arturo Murillo.
Lima aseguró que los citados tendrán las garantías constitucionales y no serán detenidos preventivamente. Además, pidió al exministro Fernando López presentarse como testigo en una oficina consular boliviana en el país que se encuentre.
El ministro Lima cuestionó que los excolegas de Murillo critiquen ahora a la exautoridad y no lo hayan hecho en su momento, cuando presentó los decretos para la compra de gases lacrimógenos y otro armamento no letal.
«Si un funcionario público ve un hecho de corrupción, un hecho de abuso, un hecho de arbitrariedad, debe inmediatamente denunciarlo. No basta la denuncia, en caso de derechos humanos y de corrupción, necesitábamos que ellos digan la verdad, es algo que necesitamos aclarar. La Fiscalía y los jueces les dan las garantías, el Ministerio de Justicia, que es la parte querellante en este proceso, no va a pedir su detención preventiva, no la va a pedir en la medida que ellos declaren y digan la verdad», aseguró Lima.
El ministro dijo que se citará a declarar a Áñez y a 17 exministros por la investigación del caso Murillo y pidió al también exministro Fernando López, que es parta clave en este proceso, que se apersone a la una oficina consular boliviana en el país que se encuentre. Lima detalló que son tres decretos los que aprobaron la compra del material no letal con supuesto sobreprecio.
«A lo largo de esta semana empezarán a salir las notificaciones. Esperaría que no se escondan, esperaría que no hagan chicanas, esperaría que con la misma valentía que declaran en Twiter, que no tienen nada que ver con Murillo, vayan a la Fiscalía a decir su verdad y aclarar al pueblo su participación en estos graves hechos», remarcó Lima.
Murillo fue detenido en Estados Unidos por una investigación del FBI sobre el cobro de sobornos y lavado de dinero. /El Deber