El jefe de la Unidad de Transparencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Juan Carlos Becerra, advirtió de la existencia de una “red de corrupción” dentro de la dependencia estatal que se dedicaba a “extorsionar” a surtidores para incrementar sus cupos de venta de gasolina.
“Hemos podido advertir acerca de una red de corrupción de funcionarios públicos que trabajaban en la ANH, y tenían a su cargo distintos tipos de actividades. Una ex directora se tomaba las atribuciones de autorizar diferentes tipos de aumento de cupos, apertura de surtidores conjuntos entre GNV y gasolina y diésel”, dijo Becerra en conferencia.
Según la autoridad de transparencia de la ANH, la mencionada red cobraba entre 15.000 a 30.000 dólares, según Becerra, quien añadió que la misma será desmantelada.
“Esa red de corrupción se dedicaba a extorsionar a los diferentes surtidores para poder beneficiarlos con el aumento de su cupo de combustible (…). Esta red de corrupción cobraba entre 15.000 a 30.000 dólares”, añadió.
Detalló además que estas personas percibían dinero de parte de los surtidores a cambio que los mismos no sean fiscalizados.
“Una red de corrupción que permitía trabajar de manera ilegal recibiendo dineros de parte de los particulares (…). A cambio de favorecimiento recibían dinero (de parte de particulares) a cambio de que no se los fiscalice”, detalló Becerra.
El jefe de la unidad de transparencia indicó además que al menos 20 personas, ahora ex funcionarios de la entidad de hidrocarburos, figuraban en planillas con cargos técnicos sin cumplir con los requisitos mínimos para ejercer esos cargos.
“De la revisión que hemos pedido hemos podido advertir una lista de más de 20 funcionarios que no cumplen con los requisitos mínimos para asumir los cargos. Hemos podido advertir que de oficio de personas que ocupaban cargos técnicos, pero sin haber sido profesionales. Tenemos más de 20 personas que no tienen ni libreta de servicio militar”, denunció Becerra.
Al mismo tiempo, la autoridad gubernamental mencionó que se realiza el seguimiento de los casos casitas, con presunto sobreprecio en la adquisición de inmuebles; caso cocinas, que eran repartidas como parte de la campaña del MAS; caso bombas molotov, con la venta de combustible para la elaboración de esos artefactos en medio de la convulsión social de octubre pasado; y caso entrega de vales de carburantes a asambleístas del “instrumento político”, entre otros. Agencias.
