La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz sorprendió al país con su decisión de anular la resolución ministerial que clausura el año escolar. Eso sucedió este miércoles y el Gobierno de Jeanine Áñez se pronunció al respecto con un comunicado oficial público.
En el documento, el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas comunica que la resolución 105/2020 del TDJ de La Paz tiene “serias contradicciones, ambigüedades y poca claridad”. Y agrega: “Esta cartera de Estado (ministerio) presentará en las siguientes horas un recurso de complementación, aclaración y enmienda. Por este motivo y dado que esta resolución tiene que ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como dispone la Constitución y el Código Procesal Constitucional, para ser confirmada o revocada, no es definitiva ni final”.
Continúa: “Dejamos claramente establecido el trasfondo político de esta acción popular ya que el vocal presidente, quien emitió la resolución 105/2020, fue designado en varios cargos por Héctor Arce Zaconeta, hombre fuerte del MAS, como subprocurador, director general de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados. Además, también fue asesor constitucional de la vicepresidencia del Estado Plurinacional dirigida por Álvaro García Linera. Por otra parte, se observó la presencia, en calidad de tercer interesado al abogado José Antonio Eguino, exdirector jurídico del ministro Roberto Aguilar, fungiendo como abogado de la defensora del pueblo, Nadia Cruz, conocida por su afinidad política con el MAS”.
El pronunciamiento termina así: “No queda duda que la determinación es una acción planificada por operadores políticos afines al MAS, que busca dañar y socavar la gestión educativa y poner en mayor riesgo la salud de los estudiantes, maestros y padres de familia. Ratificamos la continuidad de la modernización educativa materializada en el DS 4260 y sus seis reglamentos específicos a través de las modalidades virtual y a distancia, ante la imposibilidad de retornar a la modalidad presencial, a pesar de la sospechosa insistencia de clases presenciales exigida en audiencia por la diputada del MAS, Lidia Patty Mullisaca, a través de su abogado”. Agencias