La noche de este pasado miércoles, Fátima T. representante del “Colectivo Mujeres de Fuego” fue aprehendida por efectivos policiales cuando la activista salía de su sede.
La activista fue subida a una patrulla, posteriormente trasladada al departamento de Oruro, ya que la denuncia fue hecha ahí y fue ahí donde fue emitido el mandamiento de apremio por la juez del Juzgado público de familia 8, María Victoria Quiroz.
El documento establece que tras su aprehensión sea conducida al Recinto Penitenciario de “La Merced”, en calidad de detenida, donde llegó al promediar las tres de la madrugada de este pasado jueves.
Según señala el mandamiento, su detención corresponde al proceso de divorcio iniciado por su expareja Álvaro M.J. y la activista se mantendría detenida en el recinto carcelario hasta que cancele la suma de 27.133,32 bolivianos, cifra que corresponde a las pensiones que adeudaría para sus dos hijos que habría sido acordada y que, ante la falta de pago de la asistencia familiar, su expareja inicio el proceso de liquidación para que cancele la suma que corresponde hasta la gestión 2021.
Como en cualquier proceso por asistencia familiar en el país, la activista podría salir en libertad si cancela el monto adeudado o llega a un acuerdo con la parte demandante.
PARTE DEL COLECTIVO LA DESCONOCE
En la actualidad existen dos fracciones del colectivo de “Mujeres de fuego” que fue fundado en Cochabamba, uno es liderado por Fátima T. y otro por Nivia Coca, este segundo emitió un pronunciamiento respecto a la aprehensión de la activista, donde aseguran que no representa a dicha organización.
“Como lo hicimos en su momento, reiteramos que la señora Fátima T. no representa al Colectivo Mujeres de Fuego, pues en una acción ilegal e ilegítima, apoyada por entonces dos funcionarias públicas, buscó generar una instancia paralela y que con un grupo de choque nos violentó e invadió nuestras oficinas donde además de los pequeños bienes del Colectivo, que tanto nos costaron obtener, se encontraban objetos personales, pero que en pro de no seguir el juego de la violencia a las mujeres decidimos reclamar por otros medios y denunciar que las víctimas, medios y autoridades no sean engañados en su buena fe”, señala.
El mismo pronunciamiento cuestiona sus “requisitos” como activista: “La señora T. nunca fue socia legalmente reconocida de nuestro Colectivo porque para pertenecer al mismo es necesario cumplir requisitos, entre ellos el de no ser violenta con otras mujeres, niños y niñas y jóvenes, tampoco trabajamos, coordinamos o apoyamos a abogadas y abogados que defiendan a violentos y feminicidas o que tengan antecedentes de violencia, por lo que nos guardamos el derecho a acudir a las instancias legales que veamos pertinentes”.
Las integrantes del colectivo finalizan rechazando a falsas y falsos defensores. “Realmente estamos cansadas de falsas y falsos defensores de los derechos de las mujeres o que supuestamente luchan contra la violencia a las mujeres y el feminicidio por afanes políticos o económicos”.