En dos semanas, jueces del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz beneficiaron a dos implicados en el proceso por terrorismo y sedición que se sigue contra el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. La Fiscalía no respondió a las consultas de este medio sobre el proceso.
El 12 de mayo, el gerente de la comercializadora de oro Royal Gold, José Martín Camacho Hinojosa, interpuso un amparo constitucional en contra del fiscal del caso, Marco Antonio Villa, para pedir el desprecintado de las oficinas de la firma, en la plaza Abaroa.
Las instalaciones fueron intervenidas por la Policía el 13 de marzo debido a que su gerente, el estadounidense Harout Antranik Samra, figura como supuesto financiador de grupos irregulares.
Fuentes policiales confirmaron a Página Siete que la Sala Constitucional dio lugar a dicho amparo y se programó el desprecintado para los primeros días de junio. La audiencia y determinación se tomó durante los días de cuarentena, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una circular instruyendo que se suspenda todo tipo de audiencias que no estén relacionadas a la emergencia sanitaria por el coronavirus.
El viernes 22 de mayo, el juez Hugo Huacani dio detención domiciliaria a la extrabajadora de Quintana, detenida el 10 de enero en poder de un arma de fuego. El Ministerio de Gobierno observó que la audiencia se desarrolló pese a que la procesada no se encuentra en el grupo de riesgo al coronavirus. Huacani fue denunciado por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias ante la Fiscalía debido a estas razones. Agencias