El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, denunció el domingo que en algunas regiones del país el odio, la ignorancia y la política impulsan a romper la cuarentena, dictada por el Gobierno para contener la propagación del coronavirus COVID-19.
«Hay gente podrida de odio, podrida de ignorancia, podrida de política, que cree que haciendo estas cosas hará daño a la presidenta (Jeanine Áñez)», manifestó Arias, en una entrevista concedida con Bolivia TV.
La autoridad dijo que, por ejemplo, en el municipio de Patacamaya ayer una persona salió con megáfono para pedir a los vecinos que rompan la cuarentena desde el próximo lunes.
«Cómo es posible, por favor dejemos los apetitos políticos para después», cuestionó Arias, a tiempo de aclarar que luego se comunicó con la alcaldía de ese municipio y le confirmaron que la mayoría decidió seguir en cuarentena porque hasta el momento Patacamaya tiene 26 casos positivos de COVID-19 y una persona fallecida.
Asimismo, afirmó que otro hecho curioso se registró en el municipio de Cajuata, donde su alcalde incluso le dio un plazo de cinco días para que demuestre que una mujer de esa población realmente dio positivo al coronavirus.
Pues la mujer tenía dengue y coronavirus, pero la autoridad local pensó que solamente tenía la primera enfermedad poniendo en duda la información oficial del Gobierno.
«Es decir, también hay alcaldes que en vez de preocuparse están pidiendo pruebas y poniendo en duda mi palabra (…), hay este tipo de cosas que a uno lo dejan pasmado, pero yo lo llamé personalmente y le dije que deje de hacer politiquería barata y que se preocupara de poner su hospital en condiciones», señaló.
Arias es delegado presidencial para que se haga responsable de la coordinación de las acciones de lucha contra el coronavirus en los departamentos de La Paz y Oruro.
En esa condición viajó por varios municipios para verificar si sus centros de salud están en condiciones para enfrentar la pandemia y en muchas situaciones tuvo que conminar a las autoridades locales para que cumplan con su obligación de destinar los recursos suficientes con el fin de mejorar el servicio de salud. ABI