La Paz
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, presentó este lunes un ambicioso proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra la corrupción agravada, estableciendo una pena de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto.
El legislador explicó que esta propuesta tiene como objetivo principal combatir con mayor rigor los actos de corrupción que afectan gravemente al país. “Adicionalmente, mediante esta iniciativa, proponemos la inhabilitación perpetua para todos los funcionarios que participen en hechos de corrupción agravada”, señaló.
El proyecto de ley también contempla el decomiso inmediato de todos los bienes obtenidos de manera ilícita o que hayan sido transferidos a terceros con el propósito de ocultar actos de corrupción. “No puede ser que quienes se han enriquecido a costa del pueblo boliviano se beneficien de la impunidad. Los bienes mal habidos deben ser recuperados y destinados a fines sociales o para el resarcimiento de los daños causados al Estado”, dijo el diputado.
Otro de los puntos clave de la propuesta es la imposición de un arraigo para todas las autoridades principales del Estado que enfrenten denuncias por corrupción.
Este arraigo se extendería por un año adicional después del ejercicio de sus funciones, impidiendo así que los acusados puedan salir del país sin antes rendir cuentas ante la justicia. Sin embargo, Alarcón aclaró que esta medida solo podrá aplicarse si existe una denuncia formal, una proposición acusatoria o una querella legalmente fundamentada.
Según su análisis, el país enfrenta una crisis económica grave, cuya raíz principal es la corrupción sistemática en los diferentes niveles del gobierno. “La corrupción es la causa principal del descalabro económico que estamos viviendo los bolivianos. Mientras no se tomen medidas drásticas para erradicar este flagelo, la situación seguirá empeorando y serán los ciudadanos los más afectados”, concluyó.
Con esta propuesta, busca endurecer las penas contra la corrupción. Agencias
