Jhasmani Torrico, más conocido como “el abogado del diablo”, aseguró que, ante la autoridad jurisdiccional, ni la Fiscalía ni el Ministerio de Gobierno podrán probar sus acusaciones contra su defendido, Yassir Molina, principal líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), procesado por los destrozos ocasionados a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado en 2020.
«Una opinión muy personal y no es porque yo sea la defensa del señor Yassir Molina, es que no creo que el Ministerio Público, ni el Ministerio de Gobierno puedan acreditar ante el juez de la causa que se haya cometido los delitos que se les sindica al señor Yassir Molina y a los demás coacusados», afirmó el abogado.
Así, detalló que no se puede comprobar que la RJC se haya organizado para cometer los delitos por los que se les acusa.
«No han podido recabar la (prueba) documental pertinente y no han sabido adecuar las conductas desplegadas el día de las manifestaciones a los delitos acusados. Me refiero a que uno de los delitos por los que se acusa al señor Yassir Molina y a los señores (Mario y Fabio) Bascopé es la supuesta comisión del delito de organización criminal. Entonces, la Fiscalía tenía la obligación de demostrar que la Resistencia Juvenil Cochala se ha conformado específicamente para la comisión de determinados delitos, de los cuales se va a generar recursos para el sustento de la organización criminal», explicó.
Del mismo modo, informó que el proceso que se desarrolla en el juzgado de sentencia penal N° 3 de Sucre se retomará el 13 de marzo.
«(El juicio) se ha suspendido hasta el 13 de marzo del año en curso. En la continuación correspondería al Ministerio de Gobierno comenzar a judicializar las pruebas documentales de cargo«, indicó Torrico.
La situación de Milena Soto
A su vez, el abogado de Milena Soto mantiene el argumento que su defendida nunca participó en las manifestaciones frente a la Fiscalía General el 2020, porque ella no se encontraba en la ciudad de Sucre ese día. También comentó que las acciones de la defensa de Molina no les afecta, ni perjudica.
«La tesis de defensa que tenemos con Milena Soto es muy simple; ella nunca estuvo aquí (Sucre) siquiera, no estaba en Sucre las fechas de estos hechos. Mientras menos prueba haya, pese a que realmente no nos afecta, tampoco nos perjudica. Podría decirse que nos beneficia de alguna forma que se hayan eliminado esos elementos, pero eran elementos más formales que no tenían mucha relevancia en el proceso», informó Milton Palma, abogado de Milena Soto.
Asimismo, explicó que el juicio continuará con la presentación de pruebas del Ministerio de Gobierno.
«El Ministerio Público ha agotado su prueba testifical, también la documental, han intentado producir una prueba pericial que está en discusión y se va a debatir al final del juicio. Corresponde ahora que el Ministerio de Gobierno produzca su prueba tanto documental y testifical», añadió Palma.
Yassir Molina, Mario Bascopé, Fabio Bascopé y Milena Soto, todos miembros de la RJC, son procesados por los actos de violencia cometidos en la ciudad de Sucre en 2020, frente al edificio de la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía en Sucre, pide una condena de 20 años de cárcel.
Ninguna de las 11 personas que declararon como testigos dentro del juicio oral por el caso del pintarrajeado de la Fiscalía General del Estado, en octubre de 2020, identificó personalmente a los acusados, miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
La Fiscalía sostiene que estos miembros tuvieron el debido cuidado de no aparecer directamente y los acusa de ser los autores intelectuales..
El juez de Sentencia, Emilio Pinto, excluyó cinco pruebas documentales de las 120 que ofreció el Ministerio Público. Además, los fiscales decidieron retirar otras 20.
El fiscal asignado al caso, Javier Gorena, informó que el Ministerio Público ofreció 11 testigos. Él considera “suficiente y abundante” la prueba para fundamentar los hechos acusados y la concurrencia de los delitos.