Los asentamientos urbanos sobre la cota 2.750 del Parque Nacional Tunari, en su mayoría no están autorizados, son invisibilizados y están afectando las reservas acuíferas, afirmó el Jefe de la Unidad de Coordinación con Regiones de Cochabamba, Marcelo Delgado.
Eso significa que la mayoría de los asentamientos son ilegales, no cuentan con los servicios básicos, afectan los cultivos de flores y frutos y sobre todo están destruyendo las reservas de agua que otrora beneficiaban a gran parte del departamento.
Según Delgado, en el parque nacional ya “hubo un cambio de suelos de hecho” y que es el responsable de la contaminación ambiental y de la impermeabilización con cemento y asfalto en vías, patios, etc. de los acuíferos, en una franja de recarga hídrica no definida por la cota 2.750.
Los frecuentes incendios en el área que debería ser protegida, tienen relación con las tendencias de expansión urbana sobre la cota.
Así mismo, se está produciendo una pérdida potencial productiva del suelo, afectando a los cultivos agrícolas, sobre todo flores y árboles frutales.
DECISIÓN POLÍTICA
Según Delgado, se debe frenar inmediatamente el loteo clandestino en el Parque Nacional Tunari; caso contrario, las consecuencias negativas hacia el medio ambiente serán mayores.
Explicó que existe la necesidad de proteger los acuíferos, cosechar agua y restaurar los daños ambientales, interviniendo la franja que delimita la cota 2.750.
Sin embargo, existen algunos problemas que se los arrastra desde hace años atrás: la injerencia permanente de los sindicatos campesinos, de algunos dirigentes vecinales y también del INRA que solo sancionan a algunas familias, pero no a los loteadores.
El experto dijo que para enfrentar la situación hace falta una decisión política, tanto de las autoridades a nivel nacional, departamental y municipal.
En lo institucional existe una desarticulación y escasa coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el Viceministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Gobernación de Cochabamba y las Alcaldías.
Sin embargo, en la actualidad, algunas instituciones están supeditadas a la voluntad de las organizaciones que tienen intereses específicos.
DURA REALIDAD
En el aspecto normativo, existe una Ley de protección para el Parque Nacional Tunari, pero que ya no es concordante con la dura realidad del área protegida.
Los Gobiernos Municipales no tienen ninguna capacidad de intervención y el SERNAP ha demostrado que no tiene capacidad de control.
Los municipios involucrados en la protección del parque nacional son Cercado, Quillacollo, Sipe Sipe, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua, Sacaba y Colomi.
No existen datos actuales de la cantidad de habitantes por encima de la cota 2.750 y tampoco de la cantidad de viviendas y otras infraestructuras, pero cada vez es más creciente.
En la ciudad de Cochabamba, no solo es el área protegida que está afectado por los asentamientos ilegales, sino que también hay otras zonas.
Los asentamientos ilegales están en los distritos 14 (San Andrés y Villa Pagador), 13 (Parque Tunari), 7 (alrededores de la Laguna Alalay), 8 (Ticti y Valle Hermoso) y 9 (Pucara, Tamborada, Buena Vista y Montecanto).