Organizaciones y sectores sociales de Quillacollo encendieron la alerta ante la intención de algunos funcionarios de la Contraloría de viabilizar una solvencia fiscal a favor del exalcalde Charles Christian Becerra, pese a que, según los denunciantes, no correspondería por los antecedentes vinculados al caso del Plan Maestro de agua potable y alcantarillado, un proceso que dejó una condena y un daño económico lesivo al Estado que aún tendría efectos pendientes.
Las advertencias surgieron en un contexto de presión política local, donde dirigentes sostienen que se estarían activando influencias para forzar un trámite que, afirman, busca limpiar el camino de una figura sentenciada en un caso de alto impacto municipal, en momentos en que el tablero electoral comienza a reacomodarse rumbo a las subnacionales.
NO HUBO ABSOLUCIÓN DE LA PENA
En la explicación jurídica atribuida al juez técnico Percy Cámara, miembro del Tribunal de Sentencia, el proceso no concluyó con una absolución de culpa y pena, sino con un beneficio estrictamente procesal por el transcurso del tiempo. De acuerdo con esa interpretación, la prescripción puede extinguir la acción penal por efecto del tiempo, pero no equivale a declarar inocencia, ni transforma la responsabilidad establecida en una condena en un hecho inexistente.
Desde esa línea, se remarcó que el efecto procesal no libera de obligaciones derivadas del daño ocasionado. En particular, se subrayó que persisten consecuencias como la reparación de daños y perjuicios, además de costas emergentes relacionadas con el daño económico lesivo al Estado, atribuible al accionar ilícito por el que Becerra fue condenado a tres años de presidio, según la referencia planteada por los denunciantes.
SIN SOLVENCIA FISCAL E INHABILITADO
Las organizaciones que hicieron pública la advertencia sostienen que, bajo estos antecedentes, resulta improcedente hablar de solvencia fiscal como si el caso estuviera cerrado en todos sus efectos, por lo que exhortaron a los funcionarios de la Contraloría a actuar con apego a la normativa y a la documentación que cursa en instancias de control, sin ceder a presiones o eventuales dádivas.
En ese marco, dirigentes locales señalaron que la certificación de solvencia no puede convertirse en una “ventanilla política” que, por atajos administrativos, desconozca el daño económico y las obligaciones aún exigibles. La advertencia incluye la exigencia de transparencia en cualquier actuación y un seguimiento ciudadano permanente al trámite.
TRÁMITES Y EXPECTATIVA POLÍTICA
En las últimas horas, el episodio adquirió un componente más visible en el propio entorno político local. Aspirantes a la Alcaldía y al Concejo Municipal de Quillacollo, relataron que observaron a Charles Christian Becerra ingresar y salir en reiteradas oportunidades de oficinas vinculadas a la Contraloría, con un semblante tenso y notoriamente inquieto, en medio de lo que describieron como nuevas negativas a su solicitud de solvencia fiscal.
Según esas versiones, la insistencia del exalcalde respondería a que dicho documento constituye un requisito ineludible para la habilitación de candidaturas, por lo que cada rechazo habría incrementado la presión por obtener el certificado.
En ese contexto, los denunciantes sostienen que el movimiento persistente, sumado a la reiteración del trámite, alimenta la preocupación de que se busquen atajos administrativos para forzar una emisión que, a criterio de las organizaciones, no correspondería mientras sigan vigentes las consecuencias del daño económico atribuido al caso del Plan Maestro. El Eje