Abordó un vehículo Aveo propiedad de su madre con destino a la parte alta de la Cota 905, donde aguardaba su hija de seis años de edad, quien estaba en la casa de sus abuelos paternos, pues el lunes 12 emigraría a Bolivia. Debido a los enfrentamientos entre delincuentes y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, los abuelos de la niña le pidieron que la sacara de la zona.
Pero Rangel nunca llegó a la casa, y desde el sábado fue reportada su desaparición.
“Nos fuimos a las sedes de las policías que actuaron en ese procedimiento, sin tener ninguna respuesta. También a los hospitales y nada. No fue sino hasta el lunes – en horas de la tarde-, cuando acudimos a la morgue y aquí nos dijeron que el cuerpo de mi hija ingresó el mismo viernes en la noche”, dijo Magaly Amundaraín, madre de la víctima.
En el informe de autopsia se afirma que la muerte fue ocasionada por “shock agudo por herida por arma de fuego al tórax posterior”.
Rangel Amundarain, de 33 años de edad, tenía dos hijas de 13 y 6 años de edad, respectivamente. Migró a Bolivia cuando su hija menor tenía meses de nacida. Ambas niñas quedaron bajo el cuidado de la abuela materna y residían en Guatire. La mujer volvió a Venezuela el 27 de mayo, y debía regresar el lunes 12 de julio, con sus dos hijas. En ese país, trabajaba en un Spa como manicurista y era modelo de ropa interior.
Hasta el lunes 12 de julio fueron reportadas las muertes de trece civiles como consecuencia de los enfrentamientos en la Cota 905 y zonas aledañas. En esa primera lista figuraban dos mujeres: una no identificada, cuyo cadáver quedó en la avenida Nueva Granada, y otra proveniente de la Cota 905 de nombre Yelitza Carranza. Con Rangel Amundarain la cifra se eleva a catorce. Sin embargo, el registro final podría ser más elevado.
Desde este martes comenzaron a entregar los cadáveres de los que murieron en presuntos enfrentamientos con funcionarios policiales.