Una vez aprobada la Ley de Postergación de las Elecciones, se abrió el debate sobre la distribución de escaños para poder equilibrar la representación del campo y la ciudad dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El primer paso para impulsar el cambio lo dio la senadora pandina Carmen Eva Gonzales, quien la semana pasada presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra de la Ley 421, aprobado en octubre de 2013 durante el Gobierno de Evo Morales, por considerar que responde a intereses políticos del MAS y porque atenta contra el principio de proporcionalidad e igualdad de los bolivianos en el ejercicio de la representación democrática.
En dicho recurso la senadora cuestiona que de los 70 escaños asignados a los diputados uninominales (de los 130 que existen en la Cámara Baja), el 70% de las representaciones uninominales corresponden al área rural y solo el 30%, al área urbana, a pesar de que el grueso de la población se encuentra en las ciudades.
Para el ex diputado Guido Áñez existe un desequilibrio en la asignación de escaños parlamentarios entre la zona urbana y el área rural, lo cual representa “una ventaja electoral dentro de un país con un sistema electoral distorsionado por un fraude sistemático”.
Sin embargo, el diputado Édgar Montaño, del MAS, dijo que la acción jurídica presentada por la senadora Gonzales es una estrategia para evitar que se celebren las elecciones generales y se cumpla con sus propósitos prorroguistas. Agencias.