El juez Primero de Instrucción Penal de la ciudad de El Alto, Marco Antonio Amaru Flores, fue aprehendido por segunda vez acusado de otorgar la libertad a un sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de asesinato. Sin embargo, ayer el Tribunal 11vo de Sentencia, a cargo del exfiscal Edwin Blanco, dispuso su libertad pura y simple tras haber dado curso a una acción de libertad que presentó la defensa del juez contra los fiscales que ordenaron su aprehensión.
En este proceso, Amaru enfrentaba un proceso por el delito de prevaricato e incumplimiento de deberes por conceder la detención domiciliaria de Jaime Valencia Callisaya, un privado de libertad, que tenía sentencia de 30 años de cárcel por el asesinato y desaparición de un comunario y familiar suyo en 2011 en el municipio de Sorata, del departamento de La Paz.
El fiscal Gustavo Balderrama informó que en primera instancia Valencia acudió a un juez de Ejecución Penal Primero de El Alto para solicitar la detención domiciliaria, sin embargo, fue rechazada, por lo que acudió a una acción de libertad que recayó en el juzgado de Amaru, quien le concedió el pedido de defenderse en libertad.
Con la acción de libertad que salió a favor del juez Amaru, el proceso que enfrentaba fue dejado sin efecto, causando la indignación por parte de la población.
El polémico jurista se encontraba con detención domiciliaria y con salida laboral desde mediados de marzo por otro proceso que tenía en su contra, esa vez fue por beneficiado con la liberación irregular de un investigado por feminicidio.
POLÉMICAS
Desde antes de su nombramiento como juez en 2021, Marco Antonio Amaru fue cuestionado a raíz de sus antecedentes penales y debido a sus fotografías en las que aparece como parte de los abogados que hicieron campaña electoral en favor del MAS en la candidatura de Luis Arce, en las elecciones de 2020.
En esas imágenes proselitistas, Amaru aparece junto al procurador Wilfredo Chávez y al expresidente Evo Morales.
Entre los procesos penales que se abrieron contra Amaru, está el caso presentado por la Magistratura por el cobro de 27.000 bolivianos en sueldos del Órgano Judicial en 2013, pese a que ya no se presentaba a trabajar como oficial de diligencias del Juzgado de Omasuyos. También fue imputado por patrocinio infiel, en un caso en el que después de ser la defensa de un denunciado por violación a una mujer, se presentó como apoderado de la víctima e intentó conciliar y archivar esa demanda.
Ambos casos fueron cerrados, no porque se haya declarado la inocencia de Amaru, sino porque vencieron los plazos y no se investigaron los hechos.
Asimismo, durante su postulación a juez, Amaru presentó una certificación académica que no le servía para sumar más de 11 puntos, pero la comisión calificadora le otorgó un puntaje de 35/40 en ese ítem. Agencias
Tomado de Página Siete