El 9 de febrero de 2021, en Calama, Chile, cuando la pandemia de coronavirus llevaba ya un año, un joven boliviano de 23 años de edad pasó la noche gritando descalzo y semidesnudo en plena vía pública. Luego, dos policías lo llevaron a un terreno baldío, lo golpearon y lo dejaron abandonado.
A las horas, la víctima falleció producto de una falla multiorgánica, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y tenía neumonía por coronavirus. El miércoles 11 de octubre de 2023, ambos uniformados condenados y quedaron con libertad vigilada intensiva. Los acusados son Andrés Alejandro Navarro Pulgar e Iltons Ignacio Zambrana Marín, a quienes se les dio una pena de cinco años de presidio en calidad de autores del delito de apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos y degradables.
Sin embargo, ya que ambos condenados reunían los requisitos necesarios para penas sustitutivas, el Tribunal cambió la sanción, fijando la libertad vigilada de los condenados, y dejándolos sujetos a un plan de intervención individual por los mismos cinco años. Ese día, los dos condenados, como funcionarios de Carabineros, respondieron a un procedimiento policial tras una denuncia que alertaba sobre una persona que se encontraba tendida en la vía pública y semidesnuda.
La denunciante explicó a los uniformados que se trataba de un hombre que estaba a las afueras de su domicilio, con el torso desnudo, descalzo, en malas condiciones de salud, quejándose en el suelo desde la madrugada. La persona pidió a los efectivos policiales que se llevaran al hombre del lugar, ya desde Urgencias le informaron que el procedimiento debía ser atendido por Carabineros.
Entones, los uniformados trasladaron al sujeto hasta un lote baldío ubicado a un costado del Servicio Médico Legal de Calama. De acuerdo al relato de un testigo protegido, desde ese lugar se escucharon “improperios y sonidos de golpes acompañados de quejidos proferidos por un hombre”. En cuanto a la acción civil, se acogió la demanda de la madre de la víctima, y se condenó a los carabineros a pagar cada uno la suma de 10 millones de pesos chilenos, por concepto de daño moral por los maltratos contra su hijo. Agencias