Luis Arce no fue el único candidato presidencial que se refirió al hecho. Fernando Camacho recordó que el Gabinete Ministerial “defendió con uñas y dientes” y pidió dar a conocer a los responsables del hecho.
El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, pidió ayer que “no se encubra a ningún alto funcionario del Gobierno” por el sobreprecio en la adquisición de 170 respiradores y apuntó directamente a algunas autoridades, como el ministro de Salud Marcelo Navajas y el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo.
Para el también exministro de Economía, lo sucedido es un “atentado contra la salud del pueblo”. “Ante los hechos de corrupción en la compra de respiradores, exigimos que el embajador Mostajo, el ministro Navajas, el cónsul Pareja y el director Pacheco, aclaren su rol en este atentado contra la salud del pueblo. Que no se encubra a ningún alto funcionario del Gobierno” (sic), señaló a través de su cuenta de Twitter.
Empero, Arce no fue el único candidato presidencial que se refirió al hecho. Fernando Camacho, candidato presidencial por la alianza Crecer, señaló que el Gabinete Ministerial “defendió con uñas y dientes” la polémica contratación. “Hablemos con sinceridad. Su gabinete defendió con uñas y dientes esa contratación. Hoy no bastan los gestos: dígale al país quien traficó con la salud, su Gobierno lo sabe.
Tenemos derecho a saber quiénes fueron los sinvergüenzas que usaron el dolor de la gente para ganar plata. No se trata de hacer demagogia y pedir cárcel. Usted y su Gobierno deben de identificar a los responsables y procesarlos. Si en las próximas horas no dan a conocer esa información, es que siguen tapando la corrupción. No luchamos para que ustedes hagan lo mismo que los masistas”, señaló Camacho.
El expresidente y candidato Tuto Quiroga, mediante Twitter sugirió que los equipos se deben devolver, recuperar dinero y que los responsables enfrenten la justicia. También Evo Morales se pronunció en la misma red social. Compartió el video de una entrevista del periodista John Arandia con GPA Innova y señaló que, de ser cierto, “corresponde un proceso penal por genocidio”. La contratación, de casi 5 millones de dólares por los 170 ventiladores, se hizo con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Agencias