Es sabido que las fuerzas militares venezolanas ejercen un inmenso poder político en el país, que altos mandos militares ocupan posiciones clave en el chavismo y que los abusos aberrantes, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, permanecen impunes. Sin embargo, una faceta particularmente perversa del desprecio manifiesto de las fuerzas militares por los derechos humanos no ha recibido la atención que merece.
Una disposición draconiana del Código Orgánico de Justicia Militar de Venezuela castiga con hasta tres años de cárcel y despido las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo parte de las fuerzas armadas.