Tras casi dos décadas de proceso judicial por el fallido proyecto de saneamiento básico conocido como «Plan Maestro», la situación jurídica del exalcalde de Quillacollo, Charles Becerra Sejas, continúa generando indignación en sectores sociales.
Pese a haber sido hallado culpable de causar un grave daño económico al municipio, la exautoridad permanece en libertad.
En el fallo emitido por la justicia boliviana, Becerra fue condenado a tres años de reclusión por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Sin embargo, la aplicación de esta pena no se ha traducido en su ingreso a un recinto penitenciario, debido a dos factores clave:
1. Beneficio de Suspensión: Bajo la normativa penal vigente, las sentencias iguales o menores a tres años permiten al condenado acceder a la suspensión condicional de la pena, evitando la cárcel a cambio de cumplir medidas sustitutivas.
2. Estrategia de Apelación: El uso sistemático de recursos de apelación y casación ha impedido que la sentencia sea ejecutoriada, manteniendo el proceso en una fase de revisión que se ha dilatado por años.
El proyecto «Plan Maestro», que contó con una inversión superior a los 50 millones de bolivianos ejecutados, es considerado hoy un «elefante blanco». Las auditorías técnicas demostraron que las tuberías fueron instaladas de forma deficiente y la planta de tratamiento nunca llegó a operar, dejando a Quillacollo con un sistema de alcantarillado obsoleto y altos niveles de contaminación.
Para la sociedad civil de Quillacollo, el caso de Charles Becerra se ha convertido en un símbolo de impunidad. Mientras las exautoridades evitan la reclusión mediante tecnicismos legales, el municipio continúa lidiando con el daño económico y la falta de servicios básicos que el proyecto debía resolver.
• Inversión perdida: Más de 50 millones de bolivianos desembolsados.
• Años de proceso: Más de 18 años desde las primeras denuncias.
• Pena impuesta: 3 años de reclusión (no efectiva).
La Procuraduría General del Estado ha manifestado recientemente su intención de vigilar el cumplimiento de las responsabilidades civiles, buscando que el daño económico sea resarcido al Estado boliviano.