Ninguna norma en el país permite regular los cobros en centros médicos privados. El Ministro de Salud, dueño de una clínica, apela a la conciencia de sus colegas.
Jorge Luis Achata Mamani consiguió un trabajo como chofer del Banco Unión durante la cuarentena. Sus días de conducir una góndola para colegios habían terminado cuando las escuelas cerraron por el coronavirus, y no había ninguna señal de que fuera a retomar esta actividad en un futuro cercano. Mientras tanto, pensó que podía ganar algo de dinero transportando al personal del banco y así tener con qué pagar la deuda de Bs 6.000 mensuales que tenía con otra financiera.
Pero Achata no imaginó que en su intento de aumentar sus ingresos perdería mucha más plata, y por poco su vida, al contagiarse de Covid-19 e ir parar a una de las clínicas más caras del país.
Ingresó a la Clínica Foianini, en Santa Cruz, el 21 de abril. Pasó cinco días en terapia intensiva y su cuenta ascendió a un total de Bs 76.000, cuenta su esposa, Tatiana Guzmán, quien se angustia cada vez que recuerda la cantidad de dinero que debe.
“Fue como la casa del terror, porque no nos daban ninguna información, sólo me llamaban para la cuenta y no me querían decir nada más”, relató Guzmán.
Historias como la de Achata hay varias. En el país nadie controla las tarifas de los centros médicos privados. Si bien estas clínicas son la mejor alternativa ante un sistema de salud público pobre y deficiente, el lucro con la salud de la gente, que es un derecho humano, no ha sido regulado.
El ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien también es dueño de una clínica privada y conocedor de lo que administrar una de éstas implica, se limitó a apelar a la sensibilidad de sus colegas para cobrar de forma solidaria a los pacientes con Covid-19 en estos tiempos de crisis.
“Exhortar (…) a tener precios solidarios y en la medida de lo posible lo más bajos posibles (…) No estamos trabajando con la enfermedad para hacer lucro y perjudicar a nuestros pacientes. Esperemos que este llamado (a la conciencia) funcione y si no usted sabe, siempre el Estado tiene sus mecanismos para poder regular”, dijo Navajas. Pero no aclaró cuáles son esos mecanismos.
“(Los centros médicos privados) se someten a las normativas departamentales y nacionales, pero no hay ninguna (norma) que indique el control del arancel, por lo tanto no están transgrediendo ninguna norma”, explicó el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Marcelo Ríos.
Lo único que hay, según Ríos, son las “unidades médicas arancelarias” que fijan los montos que cada profesional de salud debería cobrar por sus servicios. Éstas son establecidas por los colegios médicos. Pero nadie regula las tarifas de las clínicas privadas, ni siquiera en tiempos de pandemia.
Tampoco “hay que satanizar” a estos centros, resaltó Ríos. En Santa Cruz done el virus golpea con más fuerza, las clínicas brindan el 35% de las unidades de terapia intensiva con las que se cuenta. “¿Y quiénes van ahí?, las personas que tienen la capacidad económica de hacerlo”.
El diputado Tomás Monasterio (de UD) ayudó a Achata a conseguir un lugar en el hospital municipal Pampa de la Isla. Lo llevaron allí tras cinco días de terapia intensiva en la Clínica Foianini y ante la insistencia de los familiares que no podrían cubrir las altas tarifas.
Guzmán contó que debido al retraso en el traslado del paciente por unas horas la cuenta (que era de Bs 60.000) subió a Bs 76.000 en total.
Desde entonces Monasterio recibió denuncias que le hacen afirmar: “Esto no es un caso aislado, sino que se repite en todos los rincones del país”.
Por ello, el legislador prepara un proyecto de ley para regular los precios de los centros médicos privados durante esta emergencia sanitaria. “Entender que existen camas habilitadas y no se pueda salvar vidas por los altos costos es un acto de poca sensibilidad y hasta criminal”.
“El Ministerio de Salud tiene la obligación de viabilizar este proyecto y no entorpecer porque sería un acto muy delicado que ante la necesidad prevalezcan los intereses de ciertos grupos de poder económico que han lucrado de manera descontrolada con la salud, la necesidad y la pobreza de la gente”, añadió Monasterio.
Aunque el tema requiere ser regulado de forma permanente, el diputado reconoció que su proyecto sólo se limita a la situación de emergencia sanitaria.
Achata estuvo otros 15 días en terapia intensiva en Pampa de la Isla y ahora se encuentra en una sala de reposo a la espera de sus resultados en el test Covid-19 para volver a casa.
Su esposa, su hija, y su hermana también se contagiaron con el virus, pero no necesitaron ser hospitalizadas. Guzmán espera a su marido y también la llamada de la clínica para que le cobren los Bs 10.000 que quedó debiendo. Agencias